El precedente que se tiene que sentar en torno a la actitud de sátrapa que ha asumido el alcalde priista de Escuinapa, Bonifacio Bustamante, es tal que no debemos dejar que otro político tenga la tentación de querer mandar en medios para que corran a sus periodistas.
El caso quizá para muchos colegas les sea intrascendente, tanto que muchos ni siquiera han dicho “esta boca es mía”, en una grave omisión para defender el oficio.
En lo personal no conozco a Ramón Eduardo Guevara, pero me he enterado de su caso desde hace días, y a estas alturas en que nuestra débil democracia intenta afianzarse en el país alcaldes sobre los que pesan dudas sobre sus actividades de negocios quieran anular a las personas que son críticas a su gestión, no es más que un retroceso lamentable que nos devuelve a lo peor del priato.
De acuerdo con la relatoría que hicieron colegas, Ramón Eduardo ha sido un columnista en Noroeste que ha criticado severamente el mandato de Bony Bustamante; además, cuenta con un programa de radio también desde donde no le dan tregua.
El alcalde, creyendo que vive en un paraíso selvático donde su palabra se impone sobre los demás, donde la lógica del poder es la que está por encima de la lógica social, acudió a las oficinas del diario en Mazatlán, y se entrevistó con la directora general Guillermina García. A ella le pidió la cabeza de Guevara, cosa a que como profesional Guillermina no accedió.
Hay información en el sentido en que al diario El Sol, Bustamante lo presionó para que corriera a una de sus plumas, bajo la amenaza de que no hacerlo le retiraría el contrato de publicidad.
Así actúan esos politiquillos tropicales, presionando a medios con sus contratos publicitarios a cambio de doblar líneas editoriales. Este es el caso de Bony Bustamante.
Llevado el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a su similar en el Estado, la CEDH dictaminó medidas cautelares para que el alcalde proteja la integridad, libertad y seguridad del columnista.
No es poca cosa. Es el reconocimiento de que existe una amenaza latente, amén de que Guevara sufre actualmente un fuerte cáncer que lo mantiene postrado.
Pero hasta el momento no hemos visto una reacción de Bustamante. Solo el silencio ha imperado en su administración. Así son los valentones, que no sabe que vivimos en un país de instituciones regidas por normas constitucionales. Si bien en el “país de no pasa” nada, esa instituciones nos quedan a deber, también es cierto que la brecha hacia una mejor convivencia está trazada.
Por ello, desde esta breve trinchera –mas no pequeña-, exigimos a Bonifacio Bustamente cumplir con las disposiciones que le ha marcado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esperaremos que así sea.
Pide CEDH a alcalde de Escuinapa aplicar medidas cautelares by Martín Durán
La presunta visitante del Chapo
Es cierto que visitar a un narcotraficante como Joaquín “El Chapo” Guzmán no es un delito. Cualquiera que el capo lo permita puede ir. ¿Pero que la visita sea una diputada? No es un delito, pero sí es algo que se debe denunciar. Y más si para ingresar a un penal de máxima seguridad se utiliza documentos falsos.
Hoy, la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López no quiso dar entrevista a los medios, lo único que dijo ante las grabadoras de los reporteros fue que la PGR no la ha llamado a declarar, en caso de que le comprueben que usó documentos apócrifos para visitar al Chapo.
Además, las presuntas relaciones entre la legisladora panista y el capo eran del dominio público, ahora los panistas como Edgardo Burgos Marentes no puede alegar que no sabía, él que hasta un helicóptero le mandaba la entonces candidata para llegar a tiempo de Culiacán a Cosalá al cierre de campaña.
Pero un dato que hay que resaltar: la PGR está impedida, debido al fuero que ostenta la diputada, a citarla a declarar y menos dentro de una averiguación previa. El procedimiento legal es que la Fiscalía debe iniciar un acta circunstanciada, cosa que ya se hizo, según confirman fuentes a La Pared.
Una vez iniciada el acta circunstanciada, la PGR a través del Congreso del Estado, puede solicitarle su declaración. Y de encontrar elementos para proceder, solicitar el desafuero para abrir, sólo así, la averiguación previa. ¿Los delitos? Pueden variar, dependiendo de las pruebas: falsificación de documentos, ingreso a un penal federal de forma irregular, poca cosa en realidad. De ahí, una cascada en serie: operaciones con recursos de procedencia ilícita… No hay que perder de vista que, según Noticieros Televisa, Lucero Sánchez fue a ver al Chapo para resolver una cesión de propiedades y empresas… En fin, ya veremos.
Por Martín Durán