Por Martín Durán
Ciudad de México.- En Sinaloa la estrategia anti-huachicol comenzó desde meses atrás según las autoridades, cuando a principios de 2018 los casos por este delito se dispararon hasta el cielo y además provocó una guerra al interior del Cártel de Sinaloa por el control de este negocio ilegal, guerra que inclusó enfrentamientos, quema de viviendas, levantones y desapariciones.
Y es que entre abril y mayo del año pasado, grupos armados bajo el mando de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, comenzaron a levantar a decenas de jóvenes que aparentemente se dedicaban a extraer combustible de la llamada “franja huachicolera” que abarca los municipios de Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y Culiacán, que son los mismos por donde atraviesa del poliducto Topolobampo-Culiacán.
La finalidad de la facción controlada por Los Chapitos era que la gente de Aureliano Guzmán Loera, El Guano, dejaran esta actividad. Un mes más tarde, en junio, la estadística de denuncias por tomas clandestinas comenzó a disminuir de manera drástica, como apuntan los números de Petróleos Mexicanos.
A pesar de ello, 2018 terminó con más casos reportados de tomas clandestinas que durante 2017. En el reporte oficial 2018, que contempla hasta el mes de octubre, Pemex informó que en Sinaloa se habían iniciado 412 carpetas de investigación por este delito, mientras que en todo el 2017 sumaron 384 denuncias.
Pero el cambio drástico puede observarse en 2018, cuando arrancó el año, pues enero terminó con 95 denuncias, para luego subir en febrero a 109, y continuar un descenso en marzo con 48. En abril y mayo en que se desataron las “guerras huachicoleras” se reportaron 36 y 34, para bajar a solo 23 en junio.
A partir del segundo semestre del año pasado, las denuncias fueron a la baja, con 23 en julio, 17 en agosto, 17 en septiembre y tan solo 10 en octubre. También los casos de explosiones en los ductos que eran “chupados” o en depósitos clandestinos se redujeron, puesto que en 2016 y 2017 tales eventos catastróficos eran comunes.
El último evento de explosión por guardar combustible de manera ilegal fue en diciembre pasado en la colonia 21 de Marzo, en donde se reportaron pérdidas al salir quemadas varias camionetas.
Durante 2017, el promedio de tomas clandestinas se mantuvo por encima de las 30 mensualmente. Informes obtenidos por este medio señalan que desde hace meses la delincuencia organizada anda escasa de gasolina robada, sobre todo en las comunidades rurales de Culiacán, Mocorito y Guamúchil, en donde era común la venta ilegal de estos hidrocarburos.