Aunque la Ley lo establece, la administración del gobernador Mario López Valdez no designó presupuesto para la creación de organismos de prevención de la trata de personas ni el impulso de la investigación
Culiacán, Sin.- A pesar de que el Congreso del Estado ha decretado, con la aprobación de nuevas leyes, asignar recursos específicos para la creación de organismos, la administración estatal ha avanzado poco para la creación de estas e incluso ha hecho poca promoción de las nuevas legislaciones.
El caso más grave es el de la Ley Para la Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la cual establece la creación de un órgano multi-institucional con la finalidad de que dicho delito sea erradicado en el estado; a pesar de que su publicación fue el 13 de julio de 2011, ni en el presupuesto de egresos de 2012 ni en el de este año se asignaron recursos para hacer esto posible.
Entre las atribuciones de este órgano se encuentran la capacitación del personal y servidores públicos, promover convenios institucionales, promover la investigación científica e informar a la población de todos los riesgos en la materia.
Asimismo, le da facultades a las instituciones que participan en esta entidad de gobierno de crear un programa estatal, con el fin de definir una línea de acción contra la trata de personas.
En el capítulo 3 de la ley, que habla sobre los recursos, se explica que “Las dependencias y entidades que constituyan la comisión interinstitucional, deberán incluir en sus presupuestos de egresos los rubros destinados contra la trata de personas contempladas en el programa estatal”.
A pesar de lo anterior, Gobierno del Estado ha hecho caso omiso ante tales lineamientos legales y en dos años no ha destinadlo recursos para este delito, más allá de la vigilancia que implementa la Policía Estatal Preventiva.
Sin investigación tecnológica
Otro caso es el de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación Para el Estado de Sinaloa, en la cual no sólo se establecen presupuestos específicos para la promoción de la investigación, así como la creación de espacios físicos para este fin: el Parque de Investigación, Innovación y Tecnología.
Dicho espacio debería contar con toda la infraestructura y los servicios necesarios para “abastecer y servir a las unidades individuales destinadas a la investigación e innovación tecnológicas”, según la nueva legislación, pero tampoco para este rubro hubo consideraciones en el presupuesto de egresos de este año.
Dicho marco legal fue aprobado el 17 de octubre de 2012, y previo a este hecho se desató una polémica por los recursos que el estado debía asignar el 5 por ciento del Producto Interno Bruto, sin embargo Gobierno del Estado no contaba con dichos recursos al momento de su aprobación.
Antes del decreto de la nueva Ley, la anterior establecía que únicamente el 1 por ciento del PIB estatal se destinara para esta materia, lo cual, según legisladores de la Comisión de Ciencia y Tecnología, representantes del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y otros sectores dedicados a la investigación, consideraron insuficiente.
Sin embargo, actualmente el estado no destina muchos más recursos de los que se asignaban previo a la nueva legislación para la investigación y la innovación tecnológica.
Secretaría de Pesca, otro pendiente
El 13 de julio de 2012 se aprobó la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Sinaloa, la cual establece también la creación de una nueva Secretaría de Pesca en Gobierno del Estado, independiente de la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De nuevo, el caso es el mismo que los dos anteriores: los recursos y el presupuesto requerido para ello, no fueron contemplados en la programación de gastos de la administración de Mario López Valdez para este año.
Este organismo tendría la función no sólo de impulsar la pesca sustentable, como lo establece la ley, sino de crear las políticas necesarias para que el estado y los sectores productivos salgan beneficiados en la mayor medida.
Asimismo, la creación de un Registro Estatal de Pesca con carácter público, y la creación y operación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo integral de la actividad pesquera en Sinaloa.
Elier Lizárraga/La Pared