Culiacán, Sin.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar para que el Gobierno mexicano proteja la vida de dos defensoras de las personas desplazadas por la violencia de la sierra sinaloense, así como a sus familiares.
Según la resolución 14/15 de la CIDH, se trata de proteger la integridad de las activistas mencionadas como K. y E., una de Choix y otra más de Guamúchil, pues de acuerdo con la información aportada corren riesgos de que los grupos criminales atenten contra su integridad personal y la de sus familias.
En entrevista vía telefónica, doña Esperanza Hernández Lugo, originaria de la comunidad de Ocorahui, Sinaloa de Leyva, expresó que la medida cautelar se le notificó el 27 de abril pasado. Confirmó que la medida cautelar de protección es para ella y su familia.
“Hace dos días me notificaron de la medida; quiero que esto se dé a conocer porque así me protejo de lo que pueda suceder”, mencionó brevemente.
Ella tiene semanas fuera de Sinaloa. En el documento de la CIDH señala que una de sus hijas recibió una llamada intimidante: “Si su madre permanece en Guamúchil sería asesinada”.
Hernández Lugo junto con otras activistas de Choix se han enfrentado contra la indiferencia del gobierno de Mario López Valdez, así como a un periplo burocrático por lograr que las familias desplazadas de la sierra obtengan una mejor calidad de vida.
De acuerdo con la resolución, tres asociaciones de defensa de derechos humanos solicitaron el 23 de febrero pasado a la CIDH medidas cautelares para salvaguardar la vida de 421 personas, incluyendo a Esperanza y otra activistas de Choix y sus familias.
Ese día, integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas acudió a tres comunidades para recabar testimonios sobre el desplazamiento interno en Choix, Guamúchil y Culiacán. Al día siguiente se realizó una reunión para empadronar a las familias en el Registro Federal de Víctimas.
Atención a Víctimas pidió a los afectados denunciar el despojo de sus tierras así como los delitos de que habían sido objeto, pero el matrimonio integrado por el señor Felipe Rábago y Nayeli González Chávez tuvieron temor y se retiraron.
El 10 de marzo, el matrimonio fue acribillado a balazos en una tienda de abarrotes de Juan José Ríos. Felipe Rábago murió y su esposa quedó en estado delicado de salud.
Ello generó miedo entre las familias y activistas. Ya el 6 de marzo el atentado en contra del alcalde Juan Raúl Salas Acosta y parte de su gabinete había provocado también incertidumbre entre los afectados del desplazamiento, pues hasta el momento era el único funcionario que de verdad les había extendido apoyo.
El 7 de marzo, Esperanza Hernández recibe amenazas. El 13 del mismo mes la defensora K. de Choix es etiquetada en Facebook en una fotografía donde aparecen hombres armados, los mismos que los hicieron abandonar sus pueblos.
“Los solicitantes destacan que una de las prácticas de terror de los grupos delincuenciales sería la de utilizar las redes sociales para evidenciar delitos cometidos y etiquetar a las personas que desearían amenazar”.
La Comisión indicó que la medida cautelar es en el sentido de gravedad, y que en el plazo de 10 días el Estado mexicano debe informar sobre las medidas que tomó para proteger la integridad de las dos activistas así como a 8 de sus familiares identificados.
CIDH pide protección a activistas sinaloenses by Martín Durán
Martín Durán/La Pared