Culiacán, Sin.- Jacinto Pérez Gerardo una vez más está en el ojo del huracán por los diversos señalamientos que han surgido en su contra, pero esta vez por diversas omisiones a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, así como al tomar decisiones unilaterales como presidente del Consejo Estatal Electoral.
A esto viene a sumarse una posible investigación por no tomar en cuenta al pleno del CEE a la hora de contratar los servicios de operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), lo cual podría derivar en una auditoría por parte de la ASE.
En el primer caso, Pérez Gerardo fue señalo por la coalición Unidos Ganas Tú de omiso al no respetar el artículo 248 de la Ley Electoral, el cual contempla la cancelación del registro de los candidatos o precandidatos en un proceso de elecciones al incurrir en actos anticipados de campaña o precampaña, específicamente en los casos de Sergio Torres Félix y Arturo Duarte García, postulados por la coalición Transformemos Sinaloa para competir por las alcaldías de Culiacán y Ahome respectivamente.
Aquí el presidente del CEE no sólo no acató lo señalado por el marco normativo, sino que tampoco obedeció el resolutivo del Tribunal Electoral de Sinaloa, el cual le pedía resolver conforme a la ley en el caso mencionado. Esto luego de que la coalición formada por los partidos PAN-PRD-PT acusara en más de una ocasión que Torres Félix y Duarte García incurrieran en actos anticipados de precampaña.
El argumento del pleno fue sencillo: no se puede juzgar dos veces a alguien por el mismo delito, según los preceptos doctrinales en materia de derecho. Pero el Partido Acción Nacional tiene un argumento igual de sólido para impugnar esta decisión: Ni a Sergio Torres ni a Arturo Duarte se les ha procesado por los delitos electorales que les han sido imputados.
Antecedentes
El 31 de mayo el pleno del Consejo Estatal Electoral dictaminó para que se sancionara al PRI por violar el principio jurídico de Culpa in Vigilando, el cual no es otra cosa que no cuidar que sus militantes no incurran en actos de proselitismo fuera de los tiempos marcados por la ley. A esto correspondió una multa de 61 mil 380 pesos.
Sin embargo, los involucrados no fueron sancionados porque aún no tenían calidad de precandidatos o candidatos, como marca la ley.
Y a pesar de que el acuerdo del pleno fue que Sergio Torres y Arturo Duarte incurrieron ambos en actos de precampaña, ninguno de los dos ha sido sancionado por ello, a pesar de que la ley es clara a este respecto.
El artículo 248 de la Ley Electoral es claro: en el caso de inicio anticipado de precampaña o campaña, lo procedente es que el aspirante a candidato o precandidato infractor perderá el derecho a ser registrado como candidato, o si ya estuviera hecho el registro, se sancionará con la cancelación del mismo.
Sin embargo, el CEE resolvió a favor de los candidatos, en una violación flagrante de este marco jurídico.
Lo cierto es que los ojos de la opinión pública y los medios de comunicación se han concentrado en si la cancelación de los registros procede o no, pero nadie ha volteado a ver las sanciones a las que podría ser merecedor Jacinto Pérez de incurrir también él en una falta por no acatar los principios legales.
El día de ayer la coalición Unidos Ganas Tú presentó el recurso de revisión para revertir el fallo del CEE a favor de los candidatos priistas, el cual será procesado por el Tribunal Estatal Electoral. Todos los ojos están sobre Sergio Torres y Arturo Duarte, mientras que Jacinto parece escapar lentamente de las miradas de todos.
Contrataciones dudosas
En otro sentido, el titular del Consejo Estatal Electoral fue señalado también por la Comisión de Presupuesto de dicho órgano al no recurrir al pleno para la contratación de la empresa que operará el PREP.
El primero en señalar estas observaciones fue el diputado por el Partido Nueva Alianza, Manuel Cárdenas Fonseca, quien desde el principio indicó que se le estaban concediendo demasiadas facultades al presidente del CEE.
Durante la sesión ordinaria del pasado 14 de junio los consejeros hicieron especial énfasis en este hecho, por lo que se advirtió de una posible investigación para esclarecer las circunstancias.
A esto, Jacinto Pérez respondió: “estoy en total apertura para que se haga un escrutinio, y estoy seguro de que en todo momento se actuó conforme a la ley. Acataré cualquier resolución que se tome en este sentido”.
Un día antes de esto, él mismo reveló que la contratación de la empresa que operará el PREP se hizo por invitación, aún cuando la ley contempla que debe hacerse una licitación para ello.
Un poco de historia
Y no es la primera vez que Jacinto está en el ojo del huracán. Desde su llegada a la presidencia del organismo que dirige fue puesta en duda la legalidad del proceso de selección que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, sobre todo por las dirigencias de los partidos que forman la coalición Unidos Ganas Tú.
Se observó también que su esposa, Maizola Campos Montoya, es magistrada supernumeraria del Tribunal Estatal Electoral, lo cual podría generar conflictos de intereses en las funciones de ambos.
Y la hora del conflicto pudiera estar próxima de encontrarse irregularidades en ambos casos.
Elier Lizárraga/La Pared