Culiacán, Sin.- A pesar de ser información pública de Ley, fueron necesarios seis meses, un recurso de revisión y una queja administrativa para que el Gobierno del Estado se decidiera abrir los contenidos informativos sobre la contratación de los vehículos blindados conocidos como Tígers, así como los helicópteros para labores de seguridad.
Y es que hasta apenas ahora, se sabe que en total las seis unidades pesadas, las aeronaves y los vehículos adecuados con radiocomunicación avanzada denominados C-2, costarán al erario un total de 360 millones de pesos durante los siguiente cuatro años contados a partir de noviembre de 2012, con todas las ventajas legales para la empresa que arrendó los equipos.
Además, bajo el argumento que ofrece siempre cuando se trata de vehículos para seguridad, la Secretaría de Administración y Finanzas no llevó a cabo licitación pública, sino en adjudicación directa a una empresa del Distrito Federal especializada en radiocomunicación.
Escudándose en el artículo 50 y 51 de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos , Servicios y Administración de Bienes para el Estado de Sinaloa, la SAyF prefirió omitir toda licitación pública, aunque todavía las actas del Comité Intersecretarial que decidió realizar una adjudicación directa sigue siendo un misterio.
El contrato… ¿discrecional?
Pero esto no es todo, pues el contrato obliga al arrendatario, en este caso al gobierno, a comprometerse a cubrir todos los gastos de reparación por mal uso, maltrato o cualquier complicación que pudiera surgir que no tenga que ver directamente con la empresa arrendadora o el fabricante.
“El arrendatario en este caso asume y correrá el riesgo total de cualquier pérdida, robo, confiscación, expropiación, daño, o destrucción de los helicópteros y/o los Tiger y/o los C-2 móviles, motores o partes de los mismos, en cualquier causa durante la vigencia del contrato”, señala el contrato.
La Pared tuvo acceso a dicho documento a través de la solicitud de acceso a la información pública de folio RR00008612, que se demoró seis meses en cumplirse, ya que a toda costa Administración y Finanzas pretendió reservar el contenido que la Ley de Acceso a la Información Pública contempla como pública y hasta oficiosa.
Asimismo se indica que el contrato entre Gobierno del Estado y la empresa Comunicación Segura SA de CV tiene una duración de 50 meses.
Durante este tiempo, el estado tendrá que pagar una suma incalculable debido a los desperfectos, accidentes y alteraciones que puedan sufrir los vehículos mientras se encuentren en operación bajo el mando de la Policía Ministerial del Estado y la Policía Estatal Preventiva.
Uso y desuso
El contrato de arrendamiento entró en vigor el 1 de noviembre de 2012, pero desde meses antes los vehículos Tiger empezaron a andar por las calles, primero al servicio de la Policía Ministerial del Estado y poco después de la Policía Estatal Preventiva.
Sin embargo, a través de fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal trascendió que uno de los dos Tigers puestos a disposición de la PME había sufrido composturas porque el personal no estaba capacitado para su operación.
Cuando arribaron los Tigers de la PEP, la SSP contrató a asesores israelíes para que no ocurriera lo mismo.
Una de las cláusulas del contrato de arrendamiento los “supervehículos” es que el estado tendrá que hacerse cargo no sólo de estos, sino también de la capacitación del personal a cargo de su operación.
Esto, como es de esperarse, se suma al ya de por sí incalculable monto que deberá pagarse a la empresa por el uso de los vehículos especializados en el combate a la delincuencia.
Además, la administración debe pagar lo acordado a 10 días hábiles no sólo durante el tiempo que los Tigers, helicópteros y camiones C-2 móviles estén en uso, sino que, cuando sufran un desperfecto y este sea responsabilidad del arrendatario, el estado deberá seguir pagando.
“El arrendatario no será responsable de sustituir, reparar o dar mantenimiento a equipos dañados cuando estos hayan sido maltratados, hayan recibido mantenimiento o hayan sido desconectados, manipulados abiertos o desarmados sin autorización del arrendatario”.
Y continúa: “En caso de evento de pérdida… el arrendatario contará con un plazo de 180 días hábiles para reparar bajo su propio costo el equipo que haya sido dañado o parcialmente perdido, y devolverlo al arrendatario en condiciones óptimas de funcionamiento…. Lo anterior no eximirá al arrendatario de pagar las rentas y demás gastos establecidos en el contrato, siempre y cuando el arrendador cumpla con los plazos establecidos”.
Con este contrato no el gobierno no sólo está obligado a pagar cuantiosas sumas por el uso de vehículos especializados, sino que deberá hacerlo aún y cuando estos, ya sea por fallas técnicas en la lucha contra el crimen o cualquier otro desperfecto, no se encuentren en las condiciones óptimas para hacerlo.
Situación violenta
La contratación de los Tigers, helicópteros y camiones se dio luego de una serie de enfrentamientos entre grupos policiales y grupos de la delincuencia organizada en el norte del estado, en el cual resultara muerto Pablo Osuna Lizárraga alias “El 100”, quien a su vez diera muerte a siete agentes de la policía minsiterial.
Con esto, los agentes no sólo solicitaron vehículos con mayor blindaje para estar en igualdad de fuerza con los criminales, sino armas tipo barret y fusiles de alto poder para tener igualdad de fuego.
Elier Lizárraga/La Pared