Por más que los asesores de Enrique Peña Nieto querían desaparecer de la agenda mediática el tema de la violencia generado por el narcotráfico, los hechos ocurridos en Michoacán y otras partes del país se imponen con su lacerante realidad: los cárteles están ahí, mermados quizá en algunos de sus líderes, pero las estructuras se mantienen.
Desde Los Pinos querían convencer a la audiencia –teleaudiencia- que el narcotráfico ya era un tema superado y ahora el tópico era la “cruzada contra el hambre”, el siempre ramplón futbol mexicano, la encarcelación de la maestra y la privatización de Pemex.
Pero como en el cuento de Monterroso: “Y cuando despertó…”
La imagen que apareció ayer lunes del homenaje del Vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, muerto en combate contra el hampa en Michoacán, en donde el presidente Enrique Peña Nieto hace la guardia al féretro, puede ser la reedición del tamaño del drama que engendró en el sexenio de Calderón.
Para darnos una idea, el homicidio del mando de la Armada es como si al Ejército le hubieran matado a un general de brigada. Y ni se diga de las bajas de la Policía Federal que han ocurrido en las últimas semanas.
Ya en Tamaulipas el gobierno federal mostró que no es necesario disparar tanto para capturar a un jefe narco, llámese Miguel Ángel Treviño Morales, Antonio Cárdenas Guillén o Heriberto Lazcano.
Hace algunos meses, Servando Gómez Martínez, La Tuta, apareció en Youtube pidiendo una tregua al gobierno de Peña Nieto. Pero estiró la mano amiga y la advertencia: Los Caballeros Templarios no serían fácil de vencer. Darían batalla.
Eso me hace pensar que el las baterías del gobierno federal fuera dirigido hacia Sinaloa, el nivel de violencia en el estado aumentaría considerablemente, pues tampoco los señores de La Tuna y El Álamo se dejarían tan fácilmente, al menos que lo negocien en lo político.
Será difícil que desde Los Pinos se reconozca que de nuevo no hay estrategia, que las acciones dadas a conocer por Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, no son más que un refrito de lo que Felipe Calderón impulsó como política de seguridad.
En Sinaloa se habla no de que hay una guerra, los niveles de violencia han descendido, pero nunca se dice que ya no hay narco.
La “guerrita” que sí existe, y frontal, aunque en las últimas semanas ha habido una tranquilidad aparente, es la que los grupos del Chapo Isidro y sus socios han llevado a cabo contra el gobierno de Malova, por motivos que ellos alegan es una “lucha” sesgada contra el narco local.
En Culiacán en los últimos días hemos sido testigos de asesinatos de personas en distintos puntos del municipio, pero se habla más de una “limpia” selectiva de jóvenes relacionados con el narcomenudismo, que de una pelea por la plaza.
Aquí y allá hay muertos, pero los narcos siguen operando. Y es como en aquellos tiempos de la mafia italoamericana o de la Ley Volstead o Ley Seca en Estados Unidos, en que era difícil detener a los capos, pero no porque estuvieran ocultos, sino por la dificultad de formularle cargos y, sobre todo, por la gran corrupción, complicidad y complacencia que generaba los costales de billetes usados para comprar a las autoridades.
Y para lección reciente queda que un silencio elegido, una guerra en sordina, con pocos partes oficiales filtrados a la prensa, anulación de boletines de decomisos y detenciones, no puede ocultar ese monstruo que no se aplaca con portadas bonitas, rebosantes de felicidad.
Sindicato ilegal
El reciente carpetazo que dio el Juez Primero de Distrito de la demanda de amparo que interpuso Elva Rosa Sánchez Gómez, dirigente sindical del Suntuas Académicos, y del que interpusiera Jesús Escobar González, no es más que la ratificación de que la razón legal no está de su parte.
Elva Rosa quiso echar abajo el acto confirmado por un tribunal colegiado, que dejó sin efecto su toma de nota del 23 de febrero del 2012, pero el juez de Distrito llegó a la conclusión de que era “cosa juzgada”, por lo que el expediente fue sobreseído.
Similar destino tuvo el juicio que quiso comenzar Escobar González, a quien le negaron la suspensión provisional, y no tarda el juez en dar carpetazo. Ello ocurrió la semana pasada.
¿Es otra prueba más de que el sindicalismo de la UAS navega en la corriente de la ilegalidad? ¿Qué precio está dispuesto pagar el rector Juan Eulogio Guerra, si el que pagó Corrales Burgueño fue el precio del descrédito?
De lo que no me cabe duda es que en la UAS no se respetan las leyes ni los fallos emitidos por los jueces y magistrados… Qué chingón la autonomía mentada, la isla de poder solitaria en donde los hombres que detentan el poder mandan por sobre la Constitución y los preceptos establecidos.
Jacinto y el PREP
Al votar los consejeros para que la Auditoría Superior del Estado revise la forma en que fue contratado el PREP para el conteo de votos en las elecciones pasadas, es otra forma de decir que Jacinto Pérez Gerardo, presidente del Consejo Estatal Electoral, incurrió en faltas a la Ley.
Pero eso no lo sabremos con certeza sino hasta el año próximo. La explicación será tardía y tal vez, planchadita.
La línea de Chuquiqui
El que parece que ya comenzó a dar órdenes en el Congreso del Estado es el todavía presidente del PRI, Jesús Enrique Hernández Chávez, Chuquiqui de cariño, al pedirle a la bancada que dilaten el tema de las candidaturas ciudadanas. ¿Qué le puede a interesar al PRI esta reforma, si su principal fortaleza es ser un partido corporativo?
Por Martín Durán