Ciudad de México. — El engranaje financiero del narcotráfico transfronterizo comenzó a crujir este martes bajo el peso de un expediente binacional. En una maniobra coordinada desde Washington, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro puso bajo la lupa a una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa, con una designación que alcanza a 21 personas y 25 empresas.
Entre los nombres señalados aparece Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, identificado como integrante de la facción de Los Mayos e hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.
La medida también alcanzó a Carlos Alberto Torres Torres, exfuncionario y exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Su inclusión en la designación colocó nuevamente bajo escrutinio los presuntos vínculos entre operadores financieros, redes empresariales y estructuras relacionadas con el narcotráfico en la frontera norte.
El operador de la frontera y la sombra del poder
De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, Carlos Torres habría desempeñado un papel relevante dentro de una red de influencia asentada en Baja California, mediante la cual presuntamente se facilitaron operaciones financieras relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Las consecuencias de la designación son principalmente financieras: los activos y propiedades de las personas y empresas sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Además, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con los sujetos y entidades incluidos en la medida.
El cerco se extiende desde México
La respuesta institucional también alcanzó territorio mexicano. Horas después del anuncio estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, activó medidas para incorporar a las personas y empresas señaladas a la Lista de Personas Bloqueadas.
Con esta acción, las cuentas y productos financieros vinculados con los sujetos incluidos en la lista quedan sujetos al bloqueo correspondiente dentro del sistema financiero mexicano.
La UIF precisó que la inclusión en esta lista constituye una medida de carácter administrativo y financiero, y no equivale por sí misma a una sentencia condenatoria.
La acción coordinada entre autoridades de México y Estados Unidos coloca nuevamente el flujo de recursos, las empresas y los presuntos operadores financieros relacionados con el Cártel de Sinaloa bajo escrutinio de ambos países.
Redacción/LaPared