La imputada enfrenta una de las dos causas penales relacionadas con el megafraude; permanecerá en prisión preventiva y la Fiscalía tendrá un mes para concluir la investigación complementaria
Culiacán, Sinaloa.— El caso Inverplux, uno de los mayores fraudes financieros denunciados en Sinaloa en los últimos años, sumó este lunes un nuevo capítulo judicial con la vinculación a proceso de María Alejandra “N”, señalada por la Fiscalía General del Estado como probable responsable del delito de fraude específico.
La resolución fue emitida durante la continuación de la audiencia inicial celebrada este 10 de agosto en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, en Culiacán, ante el juez de control Omar Rosalio Rodríguez.
María Alejandra “N” enfrenta dos causas penales relacionadas con el caso Inverplux y la vinculación dictada este lunes corresponde a la causa penal 736, en cuya carpeta de investigación se integraron cinco denuncias por fraude específico.
El juez determinó además imponerle prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá profundizar en los datos que permitan esclarecer su probable participación y la de otras personas involucradas.
¿Qué fue Inverplux?
El caso Inverplux salió a la luz pública en marzo de 2023, cuando cientos de personas comenzaron a denunciar que habían perdido sus ahorros después de confiar su dinero a una empresa que se presentaba como una opción de inversión con atractivos rendimientos.
De acuerdo con testimonios de afectados recopilados durante las primeras investigaciones, Inverplux ofrecía rendimientos superiores a los que normalmente otorgaban las instituciones bancarias. Algunas personas señalaron que se les ofrecían ganancias mensuales de alrededor de 2 por ciento, mientras que otras referencias periodísticas documentaron promesas de rendimientos todavía mayores.
El atractivo de estas inversiones, sumado a la apariencia de formalidad de la operación, permitió que numerosas personas entregaran parte o incluso la totalidad de sus ahorros.
El problema estalló cuando, en marzo de 2023, el socio mayoritario y responsable de la empresa desapareció y con él dejaron de estar disponibles los recursos que los clientes habían depositado. Posteriormente, la compañía dejó de operar y más de un centenar de trabajadores fueron despedidos.
A partir de entonces comenzaron las denuncias ante la Fiscalía General del Estado y las movilizaciones de los afectados para exigir la recuperación de su patrimonio y el esclarecimiento de los hechos.
Un fraude que llegó a miles de personas
En los primeros meses del caso, representantes de los afectados calcularon que más de 4 mil familias podrían haber sido perjudicadas y estimaron las pérdidas en alrededor de mil millones de pesos. Esas cifras fueron difundidas por los propios afectados y medios de comunicación, mientras avanzaba la integración de las denuncias.
Sin embargo, conforme avanzó la investigación, las cifras comenzaron a modificarse. En 2024, el representante de los afectados informó que, con base en las denuncias y documentación formalmente presentada ante la Fiscalía, se contabilizaban alrededor de 544 personas afectadas y pérdidas superiores a 300 millones de pesos.
La diferencia entre ambas cifras refleja uno de los principales problemas del caso: no todas las personas que inicialmente se identificaron como posibles víctimas formalizaron su denuncia o pudieron acreditar jurídicamente sus pérdidas.
En agosto de 2023, la Fiscalía reportaba 758 denuncias relacionadas con el fraude y señalaba que la investigación continuaba a cargo de un equipo especial.
La presunta operación
Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar cómo se captaron los recursos y quiénes participaron en la operación.
Según los datos expuestos ahora por el Ministerio Público, María Alejandra “N” habría tenido una participación relevante dentro de Inverplux y sus empresas subsidiarias, debido a los cargos que desempeñaba.
La Fiscalía sostiene que la imputada, presuntamente en conjunto con otras personas, habría participado en un esquema mediante el cual se hacía creer a los inversionistas que su dinero sería colocado en una plataforma de inversión capaz de generar rendimientos superiores a los ofrecidos por las instituciones bancarias, pese a que no se contaba con autorización para realizar dichas actividades en los términos planteados.
Uno de los elementos que generó dudas desde el inicio del caso fue la documentación utilizada para dar apariencia de formalidad a las operaciones.
De acuerdo con información difundida durante las primeras etapas de la investigación, los afectados denunciaron que los documentos utilizaban referencias y logotipos vinculados con instituciones financieras formalmente registradas, mientras que los contratos de inversión habrían sido celebrados con una sociedad distinta denominada Bitalus Inter F, S.A. de C.V., señalada entonces por la oficina de la Condusef en Sinaloa como una entidad que no estaba registrada como institución financiera en regla.
Esta circunstancia fue particularmente relevante porque contribuyó, según los testimonios de las víctimas, a generar la percepción de que sus recursos estaban respaldados por una estructura financiera formal.
Bienes bajo investigación
El caso también ha involucrado la búsqueda y aseguramiento de bienes que pudieran estar relacionados con los recursos presuntamente obtenidos mediante el esquema de inversión.
En 2023, representantes de las víctimas señalaron que la Fiscalía había localizado 13 inmuebles presuntamente relacionados con personas vinculadas al caso; siete de ellos habrían sido asegurados y otros seis contaban con sellos de investigación. Entre los inmuebles mencionados había uno cuyo valor fue estimado en más de 70 millones de pesos.
La localización de bienes resulta relevante para las víctimas porque, además del castigo penal a quienes resulten responsables, uno de sus principales objetivos ha sido recuperar al menos una parte del patrimonio perdido.
Un caso que llega a los tribunales tres años después
A más de tres años de que Inverplux dejó de operar y comenzaron las denuncias públicas, el proceso judicial continúa avanzando por distintas causas penales.
La vinculación a proceso de María Alejandra “N” no significa que haya sido declarada culpable, sino que un juez consideró que existen datos de prueba suficientes para que continúe enfrentando un proceso penal por su probable participación en el delito de fraude específico.
Ahora corresponderá a la Fiscalía complementar la investigación durante el plazo de un mes fijado por el juez, mientras la imputada permanecerá bajo prisión preventiva justificada.
El caso Inverplux permanece así como una investigación de largo alcance que busca determinar quiénes participaron en la captación de recursos, cómo fueron utilizados o desviados los fondos, cuál fue el destino del dinero y qué bienes podrían estar vinculados con el patrimonio de las víctimas.
Para los afectados, el proceso judicial representa no solo la búsqueda de responsables, sino también la posibilidad de recuperar parte de los ahorros que entregaron bajo la promesa de obtener rendimientos mediante una supuesta plataforma de inversión.