Mientras el Quinto Informe de Gobierno celebra miles de capacitaciones, cartillas y mesas de trabajo, la entidad rompe su récord histórico con 121 feminicidios y 141 mujeres asesinadas entre enero y octubre de 2026.
Culiacán, Sin.- En Sinaloa coexisten dos historias irreconciliables que se escriben al mismo tiempo, pero en mundos opuestos. Una habita en las páginas pulcras del Quinto Informe de Gobierno —entregado ante el Congreso local por la secretaria general de Gobierno, Graciela Domínguez Nava—, donde la administración estatal celebra el fortalecimiento institucional, el reparto de apoyos y una supuesta tendencia a la baja en la violencia de género.
La otra transcurre a ras de suelo, en las calles, colonias y hogares de un estado que atraviesa el año más sangriento de su historia para las mujeres, donde los expedientes se apilan en las agencias del Ministerio Público y las familias entierran a sus hijas mientras el discurso oficial aplaude sus propias gestiones.
Los datos duros desnudan la dimensión de la tragedia y exhiben el abismo entre la narrativa gubernamental y la realidad. Entre enero y octubre de 2026, Sinaloa acumuló 121 feminicidios, una cifra que no solo resulta alarmante por sí misma, sino que pulveriza el máximo histórico previo de 86 casos registrado en 2017, un año que hasta ahora se recordaba como el punto más crítico de violencia contra las mujeres en la entidad.
Si a esa estadística se le suman los 20 asesinatos de mujeres que las autoridades ministerializaron bajo la figura de homicidio doloso en el mismo periodo, el saldo real asciende a 141 víctimas mortales en apenas diez meses. Son 141 vidas segadas a un ritmo promedio de casi una mujer asesinada cada dos días.
Sin embargo, al abrir el apartado Empoderamiento, Seguridad y Bienestar para las Mujeres del Quinto Informe, esa emergencia humanitaria simplemente desaparece. El documento oficial evade explicar por qué fracasa la contención del delito, qué eslabones se rompieron en la estrategia de seguridad o por qué la violencia letal escaló sin freno durante este año.
En lugar de ofrecer un diagnóstico serio y un ejercicio de rendición de cuentas proporcional a la crisis, el Ejecutivo sustituye el análisis de fondo por un inventario burocrático diseñado para proyectar movimiento institucional.
El inventario burocrático frente a la realidad de las víctimas
La narrativa oficial apuesta por el volumen de actividades como si la cantidad de eventos pudiera compensar la pérdida de vidas. A lo largo del texto, el gobierno presume haber realizado 607 actividades de sensibilización en los 20 municipios, haber repartido 17 mil 990 cartillas de derechos y haber impartido 53 capacitaciones sobre autonomía económica, liderazgo y derechos humanos.
A ello suma 28 jornadas comunitarias con una asistencia reportada de 3 mil 566 mujeres, además de 32 cursos dirigidos a 841 servidores públicos.
El apartado tiene más semejanza con un boletín de actividades de la Secretaría de Seguridad Pública que con una evaluación de la política estatal para enfrentar la violencia contra las mujeres. La enumeración de cursos, reuniones, jornadas y acciones institucionales ocupa el espacio que debería destinarse a explicar qué resultados obtuvo el Gobierno frente a una emergencia que está cobrando vidas.
El cuestionamiento periodístico obligado no radica en la existencia de estos talleres o jornadas —muchos de ellos necesarios en el terreno preventivo—, sino en la absoluta opacidad sobre su impacto real.
El documento enumera meticulosamente lo que las dependencias hicieron, pero guarda silencio sobre lo que verdaderamente consiguieron. No existe en todo el balance un solo indicador que permita saber cuántas mujeres lograron romper el ciclo de violencia tras pasar por las ventanillas de atención, cuántos agresores fueron detenidos y sentenciados por los tribunales, ni cuántas vidas se salvaron gracias a la intervención oportuna del Estado.
En la lógica del informe, el éxito de la política pública se mide por el papel impreso y las horas de aula, no por la integridad física de las sinaloenses.
El pasaje más controvertido y cuestionable de este balance oficial aparece en el capítulo dedicado a los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia extrema. Después de enlistar las acciones de atención institucional, el Ejecutivo se atreve a asegurar que sus esfuerzos han contribuido a consolidar “una tendencia histórica a la baja en la incidencia de violencia contra las mujeres”, citando de forma genérica cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dicha afirmación carece de rigor metodológico y choca frontalmente con la realidad que vive la entidad. El documento no especifica qué delitos concretos registraron disminuciones, qué periodos temporales está comparando para sostener esa tesis ni cómo concilia ese supuesto descenso con el repunte histórico de los feminicidios en 2026.
Aunque en la estadística criminal algunos delitos menores pueden bajar mientras los de alto impacto se disparan, una evaluación gubernamental seria tendría la obligación ética y técnica de reconocer ambos fenómenos y explicar la contradicción.
Al omitir el contraste, la autoridad construye un relato triunfalista que maquilla las cifras e invisibiliza la expresión más brutal de la violencia machista.
Una Alerta de Género atrapada en el papel
Esta simulación resulta aún más grave si se considera que desde hace años cinco municipios clave del estado —Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato— operan bajo una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, un mecanismo legal de emergencia que obliga a los tres órdenes de gobierno a desplegar acciones extraordinarias de prevención, seguridad y acceso a la justicia.
Para justificar el cumplimiento de este mandato, el Quinto Informe destaca la operación de células de reacción inmediata, la firma de convenios con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, así como la realización de 42 reuniones de la Mesa de Justicia y Seguridad en lo que va del sexenio.
No obstante, detrás del anuncio de reuniones y convenios persiste un vacío alarmante de resultados verificables. El informe no transparenta cuántas órdenes de protección fueron emitidas por los jueces y cuántas de ellas contaron con vigilancia policial efectiva para evitar que los agresores se acercaran a sus víctimas.
Tampoco detalla cuántas mujeres en riesgo feminicida fueron resguardadas a tiempo, ni cruza los datos para responder la pregunta más dolorosa de todas: cuántas de las 141 mujeres asesinadas este año habían acudido previamente a denunciar, a pedir auxilio o a tramitar una medida de protección ante las mismas instituciones que hoy presumen eficiencia en el papel.
La contradicción también alcanza al panorama general de seguridad en Sinaloa. En una entidad marcada por la violencia, los asesinatos y las desapariciones, presentar una relación de actividades institucionales como balance de resultados resulta insuficiente. No basta con informar cuántas reuniones se realizaron o cuántas personas recibieron capacitación cuando la realidad sigue mostrando que las estrategias de seguridad no han conseguido proteger la vida de miles de sinaloenses.
Un informe de gobierno debería explicar qué está fallando, qué medidas no han dado resultado y qué responsabilidad tienen las instituciones frente a una crisis que se extiende por el estado. Sin embargo, el documento dedica espacio a contabilizar acciones, pero no ofrece respuestas proporcionales a la gravedad de lo que ocurre en las calles.
Mientras las autoridades presumen folletos, cursos y mesas de trabajo, Sinaloa sigue sumando víctimas. Las mujeres son asesinadas, las familias buscan a sus desaparecidos y la violencia continúa condicionando la vida cotidiana de la población.
La seguridad no se demuestra con boletines ni se construye acumulando fotografías de reuniones. Se demuestra protegiendo vidas. Y mientras el Gobierno celebra sus actividades en un informe, los 141 asesinatos de mujeres exhiben el tamaño de una crisis que ningún discurso institucional puede esconder.
Redacción/La Pared