La violencia arrecia en Sinaloa. Nuevos narcobloqueos, enfrentamientos armados y amenazas abiertas en plena celebración del Día de la Independencia han marcado la jornada más letal desde el estallido de la guerra entre Ismael El Mayo Zambada y Los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, a principios de la semana pasada. Los 14 asesinatos registrados el 15 de septiembre colocan al Estado en el primer lugar de homicidios en el país, pese a la decisión del Gobierno de Rubén Rocha de cancelar los festejos patrios en la entidad para evitar exponer a la población. El grito de 2024 fue también el más letal en la entidad desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según cifras oficiales. La inseguridad se ha extendido hasta este lunes, con nuevos tiroteos entre “civiles armados” y elementos de las Fuerzas Armadas en la zona de La Campiña, en el oriente de Culiacán. Rocha confirmó un militar muerto tras los últimos choques. “[El fin de la violencia] no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer confrontación entre ellos”, declaró Jesús Leana, comandante de la tercera región militar.
“Viva la Cuarta Transformación, viva el presidente Andrés Manuel López Obrador, viva México, viva Sinaloa”, gritó el gobernador Rocha desde el balcón principal del Palacio de Gobierno de Culiacán, ante una plaza desolada tras la suspensión de los festejos masivos por la narcoviolencia. Horas antes, la capital del Estado amaneció con el hallazgo de cinco hombres ejecutados sobre la carretera México 15, en la salida sur de la ciudad. En la escena del crimen fueron colocados pequeños sombreros sobre los cadáveres, un mensaje intimidatorio sobre el que no se han pronunciado las autoridades.
También se reportaron ciberataques contra los sitios web del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates) y el Colegio de Bachilleres de Sinaloa (Cobaes), que fueron hackeados para mostrar amenazas entre los bandos criminales que hasta hace unas semanas integraban el Cartel de Sinaloa y que hoy se disputan el control del principal bastión de la organización. Hubo al menos ocho ejecuciones en la capital del Estado el pasado domingo.
En el municipio de Elota, donde también se suspendieron las actividades educativas a finales de la semana pasada, un hombre y una mujer fueron asesinados en la comunidad campesina de Alta Rosa y se dio a conocer otro homicidio durante la noche del sábado. En la última jornada también hubo bloqueos en la carretera libre y en la autopista de cuota entre Durango y Mazatlán, la capital turística del Estado, donde fueron colocados ponchallantas y tráileres incendiados que mantuvieron aislada durante horas la comunidad de Concordia. La Secretaría de Marina realizó operativos terrestres y aéreos al sur de Culiacán, que concluyeron con el decomiso de municiones, un vehículo y equipo táctico.
La última ola de violencia, en la que se perfila como la peor guerra de carteles desde la pugna entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Beltrán Leyva de 2008, ha dejado 33 asesinatos en el Estado desde el pasado lunes, de acuerdo con datos compilados por el Gobierno federal. Las autoridades estatales también han reconocido alrededor de una treintena de desaparecidos en la última semana. Desde los primeros indicios del fin de la tregua entre El Mayo y Los Chapitos han surgido las comparaciones con los Culiacanazos, la respuesta del cartel tras las capturas de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, en 2019 y 2023. “Ha sido peor, nunca había durado tanto”, explicaba Karla, una habitante del sur de Culiacán, a este diario la semana pasada.
La psicosis se ha extendido entre la población civil, que teme incluso quedarse en sus casas tras los reportes de que los grupos criminales han irrumpido en casas y fraccionamientos privados o han despojado a las personas de decenas de vehículos. Un hombre de 19 años fue asesinado y tres jóvenes más fueron levantados de una casa de la colonia Miguel Hidalgo en Culiacán, y un comando abrió fuego contra una casa en el fraccionamiento Colinas del Bosque, de acuerdo con medios locales.
El País/Redacción