Redacción
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto en el que ordena al Ejército y la Marina mantenerse en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024.
De este modo, el acuerdo implica que la participación de las Fuerzas Armadas no exceda los cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto que regula la nueva Guardia Nacional, la policía militarizada que fue creada por López Obrador con autorización del Congreso, para combatir a la delincuencia organizada.
“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”, señala el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este lunes 11 de mayo.
El mandatario mexicano justificó esta medida alegando que “la conformación y el desarrollo de las capacidades” de la Guardia Nacional “requieren de un periodo de implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo”.
El decreto implica que las Fuerzas Armadas estarán en las calles haciendo labores de seguridad pública hasta el 26 de marzo de 2024. La medida que fue cuestionada por académicos, políticos y activistas.
¿Un paso más en la militarización?
Para Catalina Pérez Correa, experta en derecho e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el decreto firmado por López Obrador representa un paso más en la militarización del país.
“AMLO aprovecha la epidemia para darle atribuciones por fuera de la Constitución a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. No fue suficiente la Guardia Nacional militar, que tantas veces dijo que resolvería la crisis. Ningún presidente ha hecho tanto daño a la relación cívico-militar”, señaló la investigadora e integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, que se ha opuesto al uso de militares en tareas de seguridad.
Sin embargo, el especialista Raúl Zepeda Gil, sociólogo experto en temas de seguridad y doctorante en el King’s College de Londres, explicó a través de Twitter que el decreto es un mero formalismo, que quedó pendiente y establecido desde que el Congreso aprobó, con apoyo de todos los partidos políticos, la reforma legal en la que se creó la Guardia Nacional en 2019.
En este sentido, Zepeda considera que la manera en que quedó redactada la iniciativa que aprobó la Guardia Nacional, deja resquicios legales ambiguos que pueden generar confusión.
El asunto generó una oleada de críticas por parte de analistas y sectores ubicados a la derecha y la izquierda del espectro político.
La medida ha desatado polémica porque una de las principales promesas de campaña de López Obrador, en 2018, era hacer que los militares regresaran a los cuarteles.
Sin embargo, el Ejército ha tenido un papel central en las labores de seguridad, tal como se evidenció durante el operativo en el que se capturó y luego liberó a Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.
Con información de Reuters.