La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene detectados casos de trata de personas, principalmente de explotación sexual de mujeres, que recurren a este tipo de plataformas para comprar activos virtuales como bitcoins, enviarlos a otros países y luego monetizarlos. El mecanismo para lavar dinero y que las autoridades no sigan su pista generalmente va vinculado a páginas que ofrecen catálogos con mujeres a las que explotan sexualmente.

La UIF identificó que los países más recurrentes para este tipo de evasiones o en donde se ha detectado que se envían más activos virtuales para luego monetizarlos son Suiza, Holanda y algunos del Este de Europa, además de Estados Unidos, que acapara 60 por ciento de cajeros de bitcoins en el mundo.

En México, de acuerdo con el último informe de trata de personas que presentó en junio de 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 85 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas, y prácticamente todas ellas son explotadas sexualmente.

En estas plataformas se contratan los servicios y se paga con monedas virtuales, una vez habilitada una cuenta de bitcoins, dinero que se reparte en distintas cuentas dentro y fuera de México, que luego es cobrado en otros países y que regresa en efectivo a las bandas de tratantes.

Con ello se genera una red internacional para evadir el seguimiento de los recursos por parte de las instituciones financieras y que, a su vez, abona a la puerta giratoria y la impunidad en los delitos.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera aprobada en marzo de 2018, conocida como ley Fintech (Finance Technology), obligó desde septiembre de 2019 a las empresas dedicadas a “custodiar, almacenar o transferir activos virtuales mediante plataformas electrónicas, digitales o similares” a registrase en el portal antilavado de la Secretaría de Hacienda y en el Servicio de Administración Tributaria.

Como parte de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, estas dependencias publicaron este 3 de febrero el formato mediante el cual dichas empresas deben alertar de movimientos que puedan intuir algún delito.

Con información de Milenio.

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