La diputada del PRI cuestionó desde la tribuna del Congreso de Sinaloa que el relevo de Rubén Rocha Moya por Graciela Domínguez Nava no haya significado un cambio en la política de seguridad y exigió resultados ante la violencia que golpea al puerto.
Culiacán, Sin.– La violencia que mantiene a Mazatlán bajo una permanente amenaza del crimen organizado desató una dura crítica desde la tribuna del Congreso del Estado. La diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, acusó a los gobiernos de Morena de fracasar en su estrategia de seguridad y advirtió que el cambio de gobernador en Sinaloa no ha representado una modificación de fondo en la respuesta institucional frente a la crisis.
Durante su posicionamiento, la legisladora sostuvo que la inseguridad en el puerto dejó de ser una sucesión de hechos aislados para convertirse en una crisis que exhibe, a su juicio, años de omisiones gubernamentales, falta de prevención y una preocupante incapacidad de las autoridades para recuperar el control de los espacios públicos. “Lo que ocurre en nuestro estado, y particularmente el terror que tiene de rodillas a Mazatlán, no es una racha de mala suerte ni un fenómeno inevitable”, expresó.
Uno de los episodios más graves señalados por Gárate Valenzuela fue la violencia registrada los días 8 y 9 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, donde, de acuerdo con las cifras expuestas por la diputada, dos jornadas de enfrentamientos y motines dejaron 12 personas muertas y 16 lesionadas, entre las víctimas un niño de apenas dos años que se encontraba de visita familiar. La priista cuestionó cómo pudieron ingresar armas de alto poder a una instalación bajo custodia del Estado y quién debe responder por la seguridad dentro del penal.
La legisladora también denunció que octubre cerró con 112 homicidios en Mazatlán, cifra que presentó como evidencia del deterioro de la seguridad en uno de los principales destinos turísticos de Sinaloa. A ello sumó el abandono de restos humanos en las inmediaciones del Palacio Municipal, ejecuciones en zonas residenciales como Real del Valle, ataques armados en talleres y espacios públicos, así como el hallazgo de seis cuerpos con huellas de tortura junto a la caseta de El Vainillo. Los datos y episodios fueron expuestos por la diputada durante su intervención.
Frente a este escenario, Gárate cuestionó la eficacia de los operativos federales y el anuncio de la llegada de 4 mil elementos adicionales de la Guardia Nacional, al considerar que el incremento de efectivos no necesariamente se traduce en una disminución de los delitos. “La seguridad no se resuelve contando uniformes. Se resuelve con inteligencia, coordinación, investigación, policías capaces y autoridades que asuman decisiones”, afirmó, al reclamar una estrategia que vaya más allá de los despliegues militares y policiales.
La crítica de la diputada alcanzó directamente a la gobernadora Graciela Domínguez Nava, a quien señaló por mantener, según su apreciación, las mismas prácticas de seguridad que caracterizaron al gobierno de Rubén Rocha Moya. Gárate sostuvo que el relevo en el Ejecutivo estatal generó expectativas de una nueva etapa, pero consideró que hasta ahora persisten las justificaciones oficiales, la dependencia de las fuerzas federales y la ausencia de resultados suficientes para recuperar la tranquilidad de los sinaloenses.
“Cambiar de gobernante para conservar la misma estrategia no es cambiar”, sentenció la priista, quien pidió a Domínguez Nava romper con las inercias heredadas de la administración anterior. La legisladora advirtió que la coordinación con el Gobierno federal no exime al Estado de sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública, especialmente cuando los ataques armados continúan afectando a la población civil y las actividades económicas del puerto.
El reclamo ocurre en medio de un deterioro de la seguridad documentado por distintos medios locales. La Fiscalía reportó 112 muertes violentas durante octubre en Mazatlán y señaló que los ataques continuaron durante los primeros días de noviembre, pese a la presencia de miles de elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Por su parte, la Fiscalía estatal confirmó que las investigaciones por los 12 fallecimientos en el penal El Castillo continuaban abiertas y que se había detectado el uso de armas de fuego durante los enfrentamientos.