Más de 164 millones de pesos siguen sin aclararse en Cuentas Públicas de Sinaloa; aprobación no borra irregularidades

Aunque durante la fiscalización de los recursos públicos de 2025 se recuperaron más de 40 millones de pesos, persisten observaciones por 164.7 millones que deberán ser solventadas. El Congreso advierte que aprobar las cuentas no significa exonerar a funcionarios ni cancelar posibles sanciones.

Culiacán, Sinaloa.— La revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 dejó una cifra que pone bajo cuestionamiento el manejo de los recursos públicos en Sinaloa: 164.7 millones de pesos permanecen pendientes de solventar, pese a que durante el proceso de fiscalización se obtuvieron reintegros superiores a 40 millones de pesos.

La cantidad representa recursos cuyo ejercicio todavía requiere aclaraciones o documentación suficiente ante las instancias fiscalizadoras, lo que evidencia que la revisión legislativa no ha cerrado los expedientes relacionados con posibles irregularidades en el gasto público.

Durante la sesión del Congreso del Estado en la que se revisaron las Cuentas Públicas de los 20 municipios, la diputada Érika Rubí Martínez Rodríguez, presidenta de la Comisión de Fiscalización, reconoció que existen observaciones pendientes que deberán continuar su curso legal, independientemente de que los legisladores hayan aprobado o rechazado las cuentas correspondientes.

La legisladora explicó que durante la revisión se logró comprobar el destino de diversos recursos mediante documentación presentada por los entes fiscalizados y se consiguieron reintegros superiores a 40 millones de pesos. Sin embargo, el monto todavía pendiente de solventar supera cuatro veces esa cantidad, lo que mantiene abiertos cuestionamientos sobre la comprobación y el ejercicio del dinero público.

Aprobar cuentas no significa limpiar irregularidades

Uno de los puntos centrales de la revisión es que la aprobación de una Cuenta Pública por parte del Congreso no representa una certificación de que todos los recursos fueron ejercidos correctamente, ni significa que las autoridades responsables queden libres de posibles procedimientos administrativos o legales.

Martínez Rodríguez precisó que las observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) mantienen su vigencia, al igual que las acciones y denuncias que se hayan promovido como resultado de los trabajos de fiscalización.

De acuerdo con la legisladora, la Ley de la Auditoría establece que estos procedimientos deben continuar hasta su conclusión y que, cuando se acrediten responsabilidades, corresponderá a las autoridades competentes determinar las sanciones.

Esta aclaración resulta relevante porque permite distinguir entre la decisión política del Congreso de aprobar una Cuenta Pública y el proceso técnico y legal para determinar si existieron irregularidades en el manejo del presupuesto.

Sin embargo, también abre una interrogante sobre la efectividad de la fiscalización: ¿cuántas de las observaciones que año con año quedan pendientes terminan realmente en sanciones, reintegros o responsabilidades para los funcionarios involucrados?

La información presentada por la Comisión de Fiscalización no precisa qué municipios o entes públicos concentran los 164.7 millones de pesos pendientes de solventar, ni identifica los conceptos de gasto observados, por lo que todavía no es posible establecer dónde se encuentran los mayores problemas de comprobación.

Fallas recurrentes en el manejo del dinero público

La presidenta de la Comisión de Fiscalización reconoció que las revisiones permiten identificar deficiencias recurrentes en los procedimientos administrativos de los gobiernos municipales, particularmente en la elaboración de presupuestos, integración de expedientes, comprobación de gastos y supervisión de obras públicas.

“Una capacitación vinculada con los problemas que enfrentan puede ayudar a prevenir errores, comprobar los gastos oportunamente y verificar que los pagos correspondan con los bienes y servicios recibidos”, expresó.

Aunque la capacitación puede contribuir a mejorar el desempeño de los servidores públicos, las observaciones también plantean la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia, especialmente cuando se trata de recursos destinados a infraestructura, servicios públicos y programas gubernamentales.

La persistencia de montos sin solventar obliga a distinguir entre errores administrativos, deficiencias documentales y posibles conductas que ameriten responsabilidades. Una observación de auditoría no constituye por sí misma una prueba de desvío de recursos, pero tampoco puede considerarse resuelta mientras no exista una determinación de la autoridad competente.

Martínez Rodríguez sostuvo que la 65 Legislatura busca utilizar los resultados de las auditorías para impulsar mejoras en las administraciones públicas y fortalecer las capacidades técnicas de los municipios.

“El conocimiento que deja cada ejercicio de fiscalización orienta el trabajo legislativo y la colaboración institucional, especialmente en aquellos municipios que requieren fortalecer sus capacidades técnicas”, señaló.

El reto: pasar de las observaciones a las sanciones

Más allá de la aprobación legislativa, el verdadero desafío para las instituciones fiscalizadoras será esclarecer los 164.7 millones de pesos pendientes y transparentar los resultados de los procedimientos que continúan abiertos.

Para ello será necesario conocer qué entes públicos mantienen observaciones, cuánto dinero corresponde a cada uno, cuáles son los plazos para solventarlas y qué acciones legales se han promovido cuando existen elementos de responsabilidad.

La diputada Érika Rubí Martínez afirmó que el propósito del Congreso es contribuir a una administración pública más eficiente y transparente, capaz de corregir sus deficiencias y responder a las necesidades ciudadanas.

No obstante, la transparencia no termina con la aprobación de las Cuentas Públicas ni con el anuncio de montos recuperados. También exige informar qué ocurrió con los recursos observados, quiénes tenían la obligación de comprobarlos y cuáles fueron las consecuencias cuando se detectaron irregularidades.

Mientras los 164.7 millones de pesos continúen pendientes de solventar, la fiscalización de 2025 seguirá siendo un proceso inconcluso.

Y para los ciudadanos, la pregunta de fondo no es solamente cuántas cuentas aprobaron los diputados, sino cuánto dinero público permanece sin aclararse y qué harán las autoridades para garantizar que cada peso tenga una justificación y un destino comprobable.

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