EDITORIAL

Es cierto que la narrativa de la violencia emitida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto terminó por diluirse junto con otros polémicos cambios a diferencia de la administración calderonista, que hizo del grito de guerra su principal instrumento publicitario.

Y a pesar de que la política peñanietista de hablar lo menos posible (contaminar) su gobierno con la violencia vertebrada de las organizaciones del crimen organizado, la avalancha de la realidad siempre termina imponiéndose.

Por todos los frentes, el regreso del PRI a Los Pinos no ha sido más que desastroso: las reformas que no producen el milagro, los ungüentos económicos que nos hacen más pobres, la complicidad de los políticos en el poder con los empresarios que conforman la plutocracia, en fin.

Atrapar al Chapo Guzmán no significó el fin de la corrupción, el narcotráfico y la violencia se mantienen tan boyantes con o sin el capo de La Tuna. Nos mintieron o quisimos creer en las mentiras.

En Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su último reporte contabilizó un total de 20 mil 525 homicidios dolosos durante 2015, lo que representó un aumento del 2.5 por ciento con respecto del 2014, cuando sumaron 20 mil 10 casos.

En todo el sexenio los 20 mil homicidios son el punto de referencia, según las cifras dadas a conocer, sin contar, claro, a los miles de desaparecidos que no figuran en las cuentas reales del gobierno y, aquellos muertos que las procuradurías de las entidades hayan ocultado, por omisión o complicidad o por dejadez, que al final es lo mismo.

El caso particular de Sinaloa, si bien las cifras apenas rozan los 100 homicidios por mes, todavía la incidencia criminal lleva a esta entidad gobernada por Mario López Valdez al tercer puesto a nivel nacional, con una tasa de 36 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y en el quinto lugar por el número total, que el año pasado llegó a mil 89 crímenes.

En primer lugar se lo lleva el Estado de México, con 2 mil 671 homicidios, seguido de Guerrero con 2 mil 402, de ahí Chihuahua con mil 541 y en cuarto Jalisco con mil 229.

Sea como sea, Sinaloa no abandona el ranking en una recta final del sexenio de Malova que ya superó con creces las cifras de la administración de Jesús Aguilar. Es cierto que la violencia tiene varias explicaciones, pero también es cierto que si van a prometer algo un gobernante tiene que cumplir.

Lo mismo aplica en el resto de los rubros. Ya estamos en el segundo semestre de 2016 y la pobreza no retrocede, por el contrario aumenta, más maquillada, menos publicitada, pero ahí está como el monstruo que está esperando despertar.

En Sinaloa la violencia continuará, y por supuesto seguirá en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. No es un pesimismo. El narco ha arraigado en el tuétano de una sociedad en la que la cultura de la ilegalidad tiene su derecho de ciudad. Este razonamiento, claro, no aplica a la generalidad. Pero no es la generalidad la que cimbra a la sociedad, si no los grupos del crimen organizado y cualquier hijo de vecino con una pistola y ganas de matar por lo que sea.

Así, Quirino ya tendrá la oportunidad de llevar en sus espaldas el lujo de tener el poder y asumir la responsabilidad que, muchas veces, Malova rechazó porque siempre ha creído que realiza las cosas bien. Ya el presidente pidió perdón, suponemos que no hace falta que lo haga un gobernador.

Del impreso No 8 de La Pared