Columna Institucional
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las pensiones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social volvió a encender un debate que en México suele evitarse hasta que las finanzas públicas ya están contra la pared: el costo real de los sistemas de jubilación financiados con recursos públicos.
El máximo tribunal fue claro. En su resolución determinó que no es legal recibir al mismo tiempo la jubilación contractual del IMSS y la pensión de vejez prevista en la ley, pues ambas cubren el mismo riesgo: la pérdida de ingresos por envejecimiento.
En términos jurídicos, la Corte fue contundente al señalar que permitir ambos pagos “representaría una duplicidad injustificada de recursos públicos por el mismo concepto de retiro”.
El criterio no está dirigido a las universidades públicas. Sin embargo, inevitablemente abre una ventana de análisis hacia esquemas similares que existen en otras instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Durante años, el sistema de retiro universitario fue una de las presiones financieras más fuertes para la institución. El modelo permitía que trabajadores jubilados recibieran su pensión del IMSS y, al mismo tiempo, la llamada Jubilación Dinámica que paga la universidad, una prestación contractual que además se actualiza conforme a los incrementos salariales de los trabajadores en activo.
Para muchos defensores del esquema, no se trata de una doble jubilación, sino de prestaciones distintas. Pero en los hechos, el jubilado universitario termina recibiendo más de una fuente de ingreso derivada del mismo retiro laboral.
El debate no es menor.
Durante años se advirtió que el sistema era financieramente insostenible. El crecimiento del pasivo laboral amenazaba con comprometer el presupuesto de la universidad a largo plazo.
Por eso, la institución impulsó lo que denominó una reingeniería financiera del sistema de pensiones, una reforma que buscó contener el crecimiento del costo de las jubilaciones sin desaparecer los derechos adquiridos.
En su momento la decisión generó resistencias. No era para menos: tocar el tema de las pensiones siempre implica tensiones políticas y sindicales.
Pero los números no suelen negociar.
En su propia argumentación, la Corte dejó clara la lógica que hoy comienza a dominar el debate público sobre pensiones: “cuando dos prestaciones protegen el mismo riesgo, no es procedente su pago simultáneo”.
Ese criterio, aunque se refiere específicamente al caso del IMSS, inevitablemente coloca bajo la lupa a cualquier esquema de retiro financiado con recursos públicos que termine generando beneficios paralelos.
En el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa existen diferencias jurídicas importantes. El patrón es la universidad, mientras que el asegurador es el IMSS. La jubilación dinámica se considera una prestación contractual y no una pensión legal.
Pero la discusión de fondo no es solo legal. También es financiera y política.
Porque en todo el país las universidades públicas cargan con pasivos pensionarios que se construyeron durante décadas bajo una lógica de beneficios crecientes y cálculos optimistas sobre el futuro.
Hoy ese futuro ya llegó.
La decisión de la Corte no afecta directamente a la UAS. Pero sí envía un mensaje claro: los sistemas de retiro financiados con dinero público tarde o temprano terminan siendo revisados.
Y cuando las finanzas aprietan, lo que durante años se consideró un derecho incuestionable comienza a convertirse en un problema estructural.
La reingeniería que aplicó la universidad buscó adelantarse a ese escenario. Puede discutirse su alcance o sus efectos, pero difícilmente puede negarse la razón de fondo que la motivó.
Porque en materia de pensiones, como suele ocurrir con las finanzas públicas, las cuentas siempre terminan llegando. Y cuando llegan, ya no hay discurso político que alcance para cubrirlas.