Culiacán, Sin.- A las 3:30 de la madrugada, cuando Laguna Colorada todavía dormía, los golpes en las puertas y el ruido de los motores anunciaron la llegada de las fuerzas federales. No era una patrulla de paso. Era un despliegue de la Marina, el Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) que entró a dos viviendas al sur de Culiacán y terminó con cuatro personas detenidas, tres vehículos asegurados, vecinos bloqueando el paso de las unidades y un reportero agredido.
En una de las casas, el ruido de los accesos despertó a las mujeres de la familia. La madrugada cambió de golpe. Según el testimonio de una de las jóvenes, intentó tomar su teléfono para pedir ayuda, pero los agentes se lo impidieron y la llevaron junto con su hermana menor de edad a una habitación. Ahí permanecieron mientras los uniformados recorrían la vivienda.
Desde la calle, la gente comenzó a enterarse de lo que ocurría. Adentro, la familia trataba de entender por qué habían entrado y qué buscaban. Afuera, el operativo avanzaba bajo el despliegue de armas y unidades oficiales.
Una caja de zapatos y una detención que encendió al pueblo
Durante el cateo, los agentes retiraron computadoras, relojes, tabletas y carpetas con documentos. Pero uno de los episodios que más indignación provocó entre los familiares tuvo que ver con una caja de zapatos de tacón que, según denunciaron, pertenecía a la madre de familia.
De acuerdo con el relato de una de las jóvenes, un agente sacó la caja de un clóset y aseguró que había encontrado algo en su interior. La muchacha exigió que le mostraran qué contenía. Quería saber qué se llevaban y por qué aquello podía convertirse en motivo para detener a su madre.
La respuesta que atribuyó a los agentes fue que el objeto ya había sido retirado y embalado.
La incertidumbre se convirtió en enojo cuando los uniformados intentaron llevarse a Carlota “N” y a su hija. La noticia corrió por Laguna Colorada y los vecinos comenzaron a salir de sus casas. En cuestión de minutos, el reclamo dejó de ser asunto de una familia: se convirtió en una protesta frente al contingente federal.
Camionetas atravesadas frente a las unidades federales
Los vecinos pusieron sus vehículos en el camino y algunos se colocaron frente a las unidades para impedir que avanzaran. Las camionetas quedaron atravesadas, los reclamos subieron de tono y los agentes se encontraron con una comunidad que exigía explicaciones.
La molestia tenía un motivo concreto: los habitantes cuestionaban que las fuerzas federales hubieran ingresado a las viviendas sin mostrarles una orden judicial. También exigían que las mujeres no fueran retiradas del lugar.
Entre los vehículos atravesados y la gente concentrada frente a las unidades, el operativo quedó atrapado en una disputa que ya no se limitaba a lo ocurrido dentro de las casas. Los vecinos querían saber qué se habían llevado, bajo qué autoridad habían entrado y qué iba a pasar con las personas que pretendían detener.
Fue entonces cuando llegó Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), acompañado por el director de Quejas del organismo.
Su presencia abrió paso a una intervención que los habitantes reclamaban desde el inicio. Durante ese intercambio, los mandos federales mostraron la orden de cateo expedida por un juez de distrito.
La CEDH entra a la vivienda
Loza Ochoa ingresó a una de las casas y se entrevistó con Carlota “N”. De acuerdo con lo informado sobre su intervención, no observó huellas visibles de violencia física en la mujer y verificó las condiciones en las que se encontraban las menores.
El titular de la CEDH explicó a la familia que los aparatos retirados habían sido asegurados como indicios para la investigación ministerial. También les indicó que podían presentar una queja formal ante el organismo estatal para dar seguimiento al caso y, de ser procedente, canalizarlo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La intervención buscaba que se revisara la actuación de las autoridades y se vigilaran los plazos legales relacionados con la puesta a disposición de las personas detenidas.
La exhibición de la orden judicial permitió aclarar uno de los reclamos centrales de los vecinos, pero no borró la tensión acumulada durante las horas del operativo. Para entonces, la inconformidad ya había rebasado las puertas de las viviendas y alcanzado a quienes se encontraban documentando lo ocurrido.
Un reportero también termina agredido
En medio de los reclamos, la cobertura periodística quedó en el centro de la confrontación. Un reportero de un medio local que transmitía los hechos fue agredido físicamente por un elemento de la SSPC federal, según la información recabada sobre el incidente.
El comunicador se encontraba documentando la protesta cuando ocurrió la agresión. El episodio añadió otro motivo de preocupación a una mañana marcada por las detenciones, los cuestionamientos al procedimiento y la intervención de la comisión estatal de derechos humanos.
La cobertura de un operativo de seguridad terminó así con un periodista agredido mientras intentaba mostrar lo que sucedía en la comunidad.
Cuatro detenidos, tres vehículos y droga pendiente de confirmar
Al cierre de las diligencias, el saldo preliminar era de cuatro personas detenidas, entre ellas Carlota “N” y su hija. En los inmuebles también quedaron asegurados tres vehículos: un todoterreno tipo RZR, una camioneta BMW y un sedán MG.
Durante el operativo se mencionó además la posible localización de droga, aunque ese hallazgo estaba pendiente de confirmación. Las personas detenidas y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, encargado de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los involucrados.
En Laguna Colorada, el operativo federal dejó cuatro detenidos, tres vehículos asegurados y una comunidad que terminó en la calle para impedir que las unidades se llevaran a dos mujeres. La orden de cateo apareció en medio de la protesta; un reportero acabó agredido y las dudas de los familiares siguieron sobre la mesa.
A las tres y media de la madrugada, los vecinos dormían. Horas después, tenían sus camionetas atravesadas frente a las fuerzas federales, exigían respuestas y buscaban saber qué había dentro de aquella caja que, según denunciaron, se llevaron sin mostrarles su contenido. La investigación quedó en manos del Ministerio Público Federal; las preguntas, en Laguna Colorada. Y entre ambas quedó una escena difícil de ignorar: un pueblo que salió a plantarse frente a un operativo armado para exigir que le explicaran qué estaba pasando en sus propias casas.
Redacción/LaPared