Culiacán, Sin.-La justicia estadounidense ha decidido congelar temporalmente los reflectores sobre la dinastía Guzmán. La oficina de la jueza federal Sharon Johnson Coleman, adscrita a la Corte del Distrito Norte de Illinois, confirmó que la audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, programada originalmente para el próximo 1 de junio, fue formalmente pospuesta para el 31 de agosto.
El aplazamiento de casi tres meses ocurre en un escenario de alta expectativa, mientras la defensa de la facción de “Los Chapitos” y los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos continuúan afinando los términos de una compleja negociación de culpabilidad y colaboración penitenciaria.
Guzmán López, de aproximadamente 30 años de edad, ya se declaró culpable en diciembre de 2025 de los cargos de narcotráfico, participación en una empresa criminal continua y conspiración para la producción y contrabando de masivos cargamentos de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia territorio estadounidense.
El peso de la colaboración y el factor Sinaloa
Aunque el tribunal no detalló de manera oficial los motivos que empujaron el diferimiento, fuentes jurídicas cercanas al caso apuntan a que los equipos legales siguen intercambiando información de alto valor. Actualmente, tanto “El Güero” como su hermano Ovidio Guzmán López se encuentran bajo el resguardo de agentes federales en ubicaciones confidenciales, vinculados al esquema de testigos colaboradores y con el estatus de su reclusión estrictamente reservado.
El proceso judicial del menor de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán arrastra un histórico trasfondo político y criminal que mantiene en vilo al estado de Sinaloa.
Su captura —registrada el 25 de julio de 2024 tras aterrizar en un aeródromo cercano a El Paso, Texas— fracturó de forma definitiva el mapa del narcotráfico al haber llevado consigo, y presuntamente en contra de su voluntad, al legendario capo Ismael “El Mayo” Zambada García.
Aquel suceso no solo desencadenó cruentos enfrentamientos armados en Culiacán, sino que abrió una caja de Pandora institucional que alcanzó la política local, salpicando con señalamientos y solicitudes de investigación a altos funcionarios estatales, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Con la reprogramación de la audiencia para finales de agosto de este año, las agencias de seguridad estadounidenses extienden el plazo para continuar deshebrando las redes de operación y complicidades de la organización sinaloense.
Por Redacción /LaPared