Amarillo, Texas.- Detrás de los fusiles que alimentan la violencia en México hay una ruta que comienza a miles de kilómetros de las brechas fronterizas: las armerías estadounidenses, las compras simuladas y una cadena de intermediarios que, según una investigación federal, habría abastecido de armamento al Cártel de Sinaloa. En el norte de Texas, esa presunta red quedó bajo la lupa de las autoridades con la detención y acusación de cinco personas, señaladas por participar en el tráfico de armas hacia la organización criminal.
La investigación, encabezada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), bajo la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, apunta a operaciones realizadas entre 2024 y 2026. El expediente describe un esquema que presuntamente utilizaba compradores intermediarios para adquirir rifles y otras armas en establecimientos autorizados, ocultando su destino final y evadiendo los controles federales.
En el centro de la trama aparece Loyd Walter Hall, de 27 años, conocido también como “Jamie Hall” o “James William”, residente de Amarillo. Los investigadores lo señalan como presunto coordinador de la red y sostienen que instruía a sus colaboradores sobre cómo sortear los procedimientos de verificación para conseguir armamento que terminaría en manos de integrantes del Cártel de Sinaloa.
La estructura, de acuerdo con las acusaciones, también tenía enlaces fuera de Amarillo. Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano de 30 años residente en Dumas, Texas, habría cumplido funciones de enlace para trasladar las armas hacia México. Desde Utah, Omar Velásquez presuntamente participaba en la adquisición y distribución de armamento, incluidas pistolas Colt calibre .38.
La operación dependía también de quienes podían presentarse ante los vendedores sin levantar sospechas. Catlynn Ann Townsend, de 29 años, es señalada por presuntamente acudir a establecimientos con licencia para comprar armas a su nombre, mientras ocultaba quién sería el destinatario real. A la investigación se sumó Johnnie Wayne Corbett, de 42 años, acusado de intervenir en la adquisición de insumos y en la cadena de suministro de la organización.
El caso tomó una dimensión judicial mayor por los cargos relacionados con el apoyo material al terrorismo. El fiscal federal para el Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, afirmó que los acusados habrían suministrado rifles y municiones al Cártel de Sinaloa, al que describió como una de las organizaciones criminales más violentas del mundo. Según el funcionario, recurrir a este tipo de cargos busca dejar claro que abastecer de armas a los cárteles representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
Brian Garner, agente especial de la ATF en Dallas, reiteró el compromiso de las autoridades para frenar el flujo ilegal de armamento que alimenta la violencia a ambos lados de la frontera.
Con cinco personas señaladas en el caso, la investigación expone el presunto engranaje que conecta las compras de armas en territorio estadounidense con las redes criminales mexicanas. Hall podría enfrentar una condena de cadena perpetua si resulta declarado culpable de cargos que contemplen esa pena; sus colaboradores también deberán responder ante la justicia federal.
La acusación, sin embargo, no equivale a una sentencia: la responsabilidad penal de cada uno de los señalados tendrá que determinarse en los tribunales.
Redacción/LaPared