Alberto Jorge Contreras Núñez, uno de los exfuncionarios incluidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una acusación por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, promovió un nuevo juicio de amparo tras la suspensión del pago de su sueldo. El recurso se suma a otros litigios emprendidos por el exmando, quien también buscó obtener una pensión de retiro de 67 mil pesos mensuales y revertir el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Culiacán, Sin.- Mientras enfrenta las consecuencias administrativas y financieras derivadas de las investigaciones abiertas en su contra, el exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Alberto Jorge Contreras Núñez, promovió un nuevo juicio de amparo para intentar recuperar el salario que dejó de percibir como servidor público.
El recurso legal quedó radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, donde el exfuncionario impugna el oficio 001152/2026, emitido el 18 de mayo de 2026, mediante el cual la Fiscalía le negó el pago de sus percepciones salariales.
El nuevo litigio representa un cambio en la estrategia jurídica de Contreras Núñez. Hace apenas unas semanas, el exmando policial buscaba obtener una pensión por retiro cercana a los 67 mil pesos mensuales; ahora, la controversia gira en torno al reconocimiento de su derecho a seguir recibiendo el salario correspondiente a su cargo.
Una cadena de litigios
La demanda de amparo no constituye el primer recurso promovido por Contreras Núñez desde que su nombre apareció en investigaciones estadounidenses.
El pasado 18 de junio, el mismo Juzgado Segundo de Distrito le negó la suspensión definitiva que había solicitado para obligar a la autoridad a continuar cubriéndole el salario mientras se resuelve el juicio constitucional, por lo que, hasta el momento, la determinación administrativa permanece vigente.
Antes de ello, el exdirector de la Policía de Investigación también promovió otro amparo para combatir el congelamiento de sus cuentas bancarias, medida aplicada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ese aseguramiento financiero se produjo después de que las autoridades estadounidenses hicieran públicas acusaciones contra diversos funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con una organización criminal.
De la pensión al salario
La situación de Contreras Núñez también generó controversia en el ámbito político.
Durante junio, el exfuncionario solicitó al Congreso del Estado el trámite para obtener una pensión de retiro por aproximadamente 67 mil pesos mensuales, petición que provocó cuestionamientos públicos debido al contexto judicial que enfrenta.
Ante ello, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) determinó detener el procedimiento y someter el expediente a una revisión jurídica antes de emitir una resolución definitiva.
Ahora, además de ese procedimiento pensionario aún sin resolver, el exmando busca que el Poder Judicial ordene a la Fiscalía restablecer el pago de su salario.
Acusaciones desde Estados Unidos
El nombre de Alberto Jorge Contreras Núñez cobró relevancia internacional después de que, en abril de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara una acusación presentada ante un gran jurado federal en la que señala a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos actos de colaboración con una facción del Cártel de Sinaloa, identificada por las autoridades estadounidenses como Los Chapitos.
En ese expediente también fueron mencionados el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros servidores públicos de seguridad y procuración de justicia.
Hasta el momento, las acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses no han derivado en procesos penales públicos en México contra los señalados, mientras que los funcionarios mencionados han rechazado las imputaciones o han sostenido que no existen pruebas que acrediten los señalamientos.
En el caso de Contreras Núñez, la disputa jurídica continúa ahora en dos frentes: recuperar el acceso a sus recursos financieros y lograr que la autoridad le restablezca el pago de un salario que la Fiscalía decidió suspender en medio de uno de los casos de mayor impacto político y judicial para el gobierno de Sinaloa en los últimos años.
Martín Durán