Ahome, Sin.- El temor entre las celadoras del penal de Goros II dejó de ser una sospecha en los pasillos y se convirtió en una certeza tras el asesinato de su compañera María de los Ángeles Ruiz Salazar. La trabajadora fue privada de la libertad y hallada sin vida en Culiacán, un hecho que terminó por destapar la crisis de seguridad y la precariedad laboral que enfrentan las custodias en esta zona del estado.
A raíz del homicidio, un grupo de trabajadoras decidió hablar públicamente para visibilizar lo que califican como un patrón de arbitrariedades.
Denuncian que desde hace tres años sufren un acoso constante por parte de la directiva, la cual envía de comisión a las mismas mujeres a otros centros penitenciarios —sobre todo al de Aguaruto, en la capital— sin otorgarles transporte, hospedaje ni dinero para alimentos.
“No nos estamos negando a trabajar ni a cumplir las órdenes”, aclaró una de las inconformes, “pero pedimos que los traslados se roten de forma pareja. Nos mandan a Culiacán sin viáticos y sin siquiera poner una fecha de regreso en el documento. Nos dejan a nuestra suerte en una zona peligrosa”.
La molestia se profundizó el pasado miércoles 12 de agosto. En pleno luto por la muerte de María de los Ángeles, varias celadoras recibieron la orden de trasladarse de inmediato a la capital sinaloense.
Entre las notificadas estaba Milka Luzney P., a quien no le respetaron un periodo vacacional que ya tenía formalmente autorizado y firmado del 12 de agosto al 11 de septiembre.
Ante la falta de apertura dentro del penal, las trabajadoras optaron por recurrir a las instancias legales: promovieron un juicio de amparo ante un juez federal e interpusieron una queja formal ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.
Con estas acciones, el personal exige la intervención directa de la Dirección de Prevención y Reinserción Social y de las autoridades estatales para que se frenen las represalias, se respeten sus derechos laborales y se garantice su integridad física en cada asignación.
Redacción/LaPared