Ciudad de México.– En medio de un clima de polarización política, cuestionamientos sobre la reforma judicial y preocupaciones por la inseguridad y la infiltración del crimen organizado en procesos electorales, el Senado de la República inició la discusión de un paquete de reformas impulsadas por Morena y sus aliados que plantea aplazar hasta 2028 la elección del Poder Judicial y endurecer las reglas para la postulación de candidaturas.
La senadora sinaloense Imelda Castro Castro defendió las modificaciones propuestas durante el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, argumentando que el aplazamiento busca “facilitar la participación de la gente en las urnas” y dar más tiempo para explicar a la ciudadanía el nuevo modelo de elección judicial.
“La idea es hacer fácil para la gente este proceso y normalizar un ejercicio democrático completamente nuevo en el país”, sostuvo la legisladora morenista.
La reforma contempla mover la fecha de la elección judicial federal y local al 4 de junio de 2028, además de reducir el número de candidaturas postuladas por los comités de los tres poderes de la Unión y crear una comisión coordinadora encargada de organizar el proceso.
Sin embargo, el anuncio ocurre en un contexto complejo para el oficialismo, marcado por críticas de especialistas, organizaciones civiles y sectores de oposición que advierten riesgos de politización en la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.
Aunque Morena sostiene que la reforma democratiza el Poder Judicial y combate privilegios, críticos del proyecto señalan que el proceso podría debilitar la independencia judicial y abrir espacios a intereses políticos o económicos dentro de los tribunales.
La propia senadora reconoció que las reformas también responden al contexto político y de seguridad que vive el país. Entre los cambios se plantea incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera y reforzar los filtros para impedir candidaturas vinculadas al crimen organizado.
El tema ha cobrado relevancia luego de diversos señalamientos sobre presunta infiltración criminal en procesos electorales locales y municipales, así como por las tensiones diplomáticas derivadas de las presiones de Estados Unidos en temas de seguridad y combate al narcotráfico.
En el caso de Sinaloa, Imelda Castro destacó que la reforma tendrá impacto directo, ya que se prevé la elección de cientos de magistrados y jueces locales como parte de la reorganización del sistema judicial.
Mientras Morena insiste en que el aplazamiento permitirá construir un proceso más ordenado y comprensible para la ciudadanía, opositores consideran que el cambio de fecha refleja improvisación y falta de condiciones políticas y técnicas para implementar una elección judicial de gran escala en el corto plazo.
La discusión de estas reformas ocurre además a pocos días del mensaje nacional que ofrecerá la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el segundo aniversario de su triunfo electoral, en un momento donde el oficialismo busca consolidar su narrativa de transformación institucional frente a una oposición que mantiene cuestionamientos sobre concentración de poder y gobernabilidad democrática.