El “Chavo Félix”, yerno del “Mayo” Zambada, pacta con la justicia de EU y se declara culpable

SAN DIEGO, CALIFORNIA.- La dinastía de la facción más hermética del Cártel de Sinaloa sumó otra firma al libro de los que prefieren el pacto antes que el encierro eterno.

Juan Carlos Félix Gastélum, el mentado Chavo Félix, criatura del riñón de la vieja guardia y yerno de Ismael El Mayo Zambada, compareció ante una corte federal del Distrito Sur de California para admitir lo que el Gobierno estadounidense ya tenía calcado en expedientes: su papel en el trasiego de veneno y el blanqueo de los billetes que sostienen la guerra.

A sus 43 años, el hombre que un día cargó con el peso de cuidar la plaza y el honor de la familia en el sureste de Culiacán entendió las reglas del juego del otro lado. Casado con Teresa Zambada, el Chavo no era un gatillero cualquiera de la plebada, sino un hombre de confianza, de los que operaban con el perfil bajo que tanto le gustaba al viejo del sombrero.

En su acuerdo de culpabilidad, admitió haber sido un operador principal de los laboratorios clandestinos de metanfetamina ocultos en la sierra de Sinaloa y Durango, moviendo cargamentos de miles de kilos hacia el norte.

Su caída comenzó a fraguarse en enero de 2025, cuando el gobierno le cayó encima en Quilá, entre el monte y el polvo de Sinaloa, encontrándole el fentanilo y los fierros que ya no alcanzaron a defenderlo.

Apenas unos meses le duró el frío del Altiplano. Para agosto de ese mismo año, el gobierno mexicano ya lo había puesto en un avión rumbo al norte, donde la justicia estadounidense no entiende de parentescos ni de respetos criminales.

En San Diego, frente a la jueza principal Cynthia Bashant, el operador que alguna vez fue la sombra y la seguridad del Mayito Flaco decidió que era mejor la estrategia que el orgullo.

Al declararse culpable de cuatro cargos de conspiración por narcotráfico y lavado de dinero, Félix Gastélum entregó las armas legales que le quedaban para evitar el juicio.

Por los delitos de drogas, el Chavo encara una pena mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua, además de un tope de 20 años por el blanqueo de capitales.

La jueza ya agendó la audiencia final para marzo del próximo año, fecha en la que se conocerá cuántos inviernos pasará tras las rejas un hombre que prefirió firmar el trato antes de jugar su suerte en un estrado.

Redacción/ LaPared

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