Mazatlán, Sin.- El saldo fatal de 10 personas muertas —incluyendo a un niño de dos años— y 16 heridos durante el motín en el Centro Penitenciario de El Castillo ha quedado relegado a un segundo plano ante una realidad mucho más grave y escandalosa: la comprobación de que el interior de una prisión estatal opera bajo las reglas de la impunidad y el tráfico de armamento letal.
Mientras las familias de los internos lloran la tragedia y exigen justicia por las víctimas, el núcleo del escándalo apunta directamente a las fallas estructurales y a la sospecha latente de corrupción institucional que permitió la entrada de armas de fuego hasta los módulos más conflictivos.
El tráfico de armas: La gran mancha institucional
El hallazgo de dos armas cortas calibre 9 milímetros en los módulos 4 y 5 no es solo un dato pericial más; es la prueba de las fallas en los filtros de seguridad del reclusorio. ¿Cómo es posible que artefactos de fuego crucen las aduanas, los arcos detectores y los puestos de revisión custodiados por personal oficial?
Ante la presión pública y el repudio generalizado, el secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López, tuvo que admitir lo inevitable: la Fiscalía General del Estado abrió una investigación para indagar la posible complicidad de custodios y mandos administrativos. La sospecha de que personal del propio penal haya hecho la vista gorda —o, peor aún, facilitado el acceso del armamento bajo sobornos— convierte esta tragedia en un caso que exige esclarecer posibles responsabilidades por negligencia y corrupción institucional.
Violencia interna sin control y una autoridad rebasada
El desglose oficial de los hechos —que descarta una incursión armada desde el exterior— resulta aún más alarmante. El enfrentamiento sangriento que sembró el pánico y cobró la vida del menor ocurrió exclusivamente por la pugna interna entre grupos de personas privadas de la libertad. Esto evidencia la presencia de armas de fuego dentro del complejo penitenciario y plantea serias preguntas sobre el control que ejercen las autoridades en el interior del reclusorio.
El hecho de que un niño de dos años, en medio de una visita familiar, haya perdido la vida en un fuego cruzado desatado por pistolas que no debieron estar dentro del penal expone la gravedad de la crisis penitenciaria. La presencia de armamento en los módulos y la violencia entre grupos de internos obligan a esclarecer cómo ingresaron las armas y qué fallas de vigilancia permitieron que ocurriera la tragedia.
El castigo: Silencio y encierro tras el escándalo
Como respuesta institucional a la crisis, una de las medidas adoptadas ha sido la suspensión total e indefinida de las visitas familiares. Mientras se investiga la posible red de complicidades que permitió el ingreso de las armas y se deslindan las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados, el penal de El Castillo permanece bajo resguardo de fuerzas federales.
Sin embargo, la suspensión de las visitas y el despliegue de seguridad no resuelven las interrogantes de fondo: cómo llegaron las armas hasta los módulos, quiénes tenían conocimiento de su presencia y qué medidas se tomarán para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
Redacción/La Pared