Ciudad de México/ Culiacán.- El alivio financiero que obtuvo el exgobernador Rubén Rocha Moya, luego de que un tribunal federal ordenara liberar parcialmente dos de sus cuentas bancarias para permitirle cobrar sus pensiones, encontró una respuesta de distancia política en el Palacio de Gobierno de Sinaloa.
Ante la insistencia de los reporteros sobre si la administración estatal tenía conocimiento del desbloqueo o si había abordado el asunto con el exmandatario, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava marcó su raya: no han hablado del tema en privado y tampoco existe una notificación oficial de la Federación.
“No hablamos de estos temas, somos muy respetuosos de las instancias que están haciendo su trabajo y la UIF no tiene que rendirle cuentas a los gobiernos de los estados; en todo caso ellos son los que generan la información, como lo conocemos”, respondió la mandataria ante los medios.
Domínguez Nava también fue cuestionada sobre si la resolución judicial podría representar el primer paso hacia una eventual exoneración de Rocha Moya. Sin embargo, evitó anticipar cualquier escenario o pronunciarse sobre el alcance político del fallo.
“Desconozco, hay que preguntarle a la UIF”, reviró, al insistir en que su administración conoce estos asuntos únicamente a través de la información que las autoridades federales hacen pública.
Entre el derecho alimentario y el cerco financiero
La resolución judicial fue emitida el pasado 5 de noviembre por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantar parcialmente las restricciones sobre dos cuentas bancarias del exmandatario.
El fallo, sustentado en el principio de inembargabilidad de las pensiones, le permite disponer exclusivamente de los recursos correspondientes a sus jubilaciones provenientes del ISSSTE, el IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
El beneficio, sin embargo, no representa el levantamiento general del bloqueo financiero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que el resto de sus activos, empresas y operaciones bancarias permanecen inmovilizados, mientras continúan vigentes las indagatorias relacionadas con los señalamientos internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El mensaje político: ni aliados ni corresponsables
La postura de Domínguez Nava coloca al Gobierno estatal al margen de las decisiones judiciales y administrativas que involucran al exgobernador. Al insistir en que la UIF no está obligada a rendir cuentas a las entidades federativas, la mandataria evitó asumir cualquier papel de interlocución o respaldo frente a un expediente que mantiene repercusiones nacionales.
La distancia también tiene una lectura política: la administración interina busca mantener separada su agenda institucional del desgaste que acompaña a Rocha Moya, mientras concentra su actividad pública en asuntos propios del Ejecutivo estatal, entre ellos la presentación del informe de gobierno ante el Congreso.
Mientras la defensa del exmandatario busca reducir las restricciones financieras por la vía de los tribunales, desde la gubernatura la respuesta quedó delimitada: el caso corresponde a las autoridades federales y no forma parte de los asuntos que el Gobierno de Sinaloa dice tratar con Rocha Moya.
Redacción / La Pared