Culiacán, Sin.-A más de un mes de haber solicitado una reunión con la gobernadora de Sinaloa, organizaciones ciudadanas de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán denuncian que no han recibido respuesta. Cuestionan la disposición del Gobierno estatal para escuchar a quienes han sostenido el tejido social durante dos años de violencia.
Culiacán, Sinaloa, 9 de octubre de 2026.– Mientras las organizaciones ciudadanas continúan atendiendo las consecuencias de la violencia que azota a Sinaloa desde hace más de dos años, la gobernadora Graciela Domínguez Nava no ha respondido, según denunciaron las Colectivas Sinaloenses, a una solicitud formal de audiencia presentada desde el pasado 31 de agosto.
A través de una carta pública dirigida a los medios de comunicación, agrupaciones de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán denunciaron que ha transcurrido más de un mes sin que la administración estatal les conceda un espacio para presentar un pliego petitorio construido colectivamente, con propuestas encaminadas a atender las necesidades de las víctimas y participar en la construcción de políticas públicas.
Las organizaciones señalaron que su intención es establecer un diálogo directo con la mandataria estatal para exponer las problemáticas que enfrentan las familias sinaloenses en medio de la crisis de seguridad, así como aportar soluciones desde la experiencia de quienes han acompañado, buscado, protegido y asistido a las víctimas de la violencia.
Sin embargo, aseguran que, pese a haber transcurrido ampliamente el plazo de diez días hábiles que esperaban para obtener una contestación, no existe respuesta ni señal de acercamiento por parte del Gobierno estatal.
“La nula respuesta refleja la poca disposición para construir gobernanza con las organizaciones ciudadanas que hemos solicitado audiencia”, reprocharon las colectivas en el documento fechado este viernes 9 de octubre.
Colectivas cuestionan apertura del Gobierno estatal
Las agrupaciones sostuvieron que durante los últimos dos años de violencia han sido las propias organizaciones civiles y redes ciudadanas las que han contribuido a sostener el tejido social, ante una respuesta institucional que consideran insuficiente.
En ese contexto, cuestionaron que la administración encabezada por Graciela Domínguez Nava no haya abierto un canal de comunicación con quienes buscan participar activamente en las decisiones públicas.
Explicaron que su petición no se limita a entregar un documento, sino que pretende impulsar mecanismos de participación ciudadana, colaboración intermunicipal, rendición de cuentas y construcción conjunta de políticas públicas.
“La misión es clara, ejercer nuestro derecho como sociedad organizada de participar activamente en la toma de decisiones públicas, la co-creación de políticas y la rendición de cuentas”, expusieron.
Las colectivas advirtieron que la ausencia de respuesta envía una señal preocupante a las organizaciones que buscan colaborar con el Gobierno estatal para enfrentar las consecuencias de la crisis de violencia.
“Necesitamos que quede claro que la negativa es a una sociedad organizada lista para crear redes intermunicipales en colaboración a la actual pero poco renovada administración de Sinaloa”, expresaron.
Cuestionan intereses políticos detrás del silencio
En su pronunciamiento, las organizaciones también plantearon interrogantes sobre los intereses políticos que podrían estar influyendo en la conducción del Gobierno estatal, particularmente ante la proximidad del proceso electoral de 2027.
“¿Acaso las élites que han contribuido a co-crear el caos en Sinaloa han elegido otra ficha de ajedrez, únicamente para limpiar un poco la imagen pública frente a la próxima contienda electoral y, que al mismo tiempo, esta no represente un riesgo para sus intereses?”, cuestionaron.
Se trata de un señalamiento político de las agrupaciones, que no acompañaron en el comunicado con pruebas específicas sobre una eventual intervención de esos intereses en la falta de respuesta a su solicitud.
Las colectivas consideraron que la ausencia de comunicación contrasta con la necesidad de establecer mecanismos de colaboración entre autoridades y ciudadanía para atender las consecuencias sociales de la violencia.
El pronunciamiento ocurre cuando las organizaciones civiles reclaman mayor participación en las decisiones gubernamentales relacionadas con la seguridad, la atención a víctimas y la reconstrucción del tejido social.