Los Mochis, Sinaloa.- Tras una reunión entre dependencias federales, autoridades estatales y representantes de comunidades indígenas, pescadores y organizaciones sociales, el Gobierno de México acordó establecer una ruta de trabajo interinstitucional para atender los planteamientos relacionados con la situación ambiental, social y productiva de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo.
Durante el encuentro participaron funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como representantes de otras dependencias federales, estatales y municipales, quienes escucharon inquietudes relacionadas con la protección de los ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua, el saneamiento y los procesos de consulta comunitaria.
Como resultado de la mesa de trabajo, se acordó continuar con los espacios de diálogo para revisar estudios, observaciones y propuestas presentadas por las comunidades y especialistas. Además, la Profepa realizará una inspección actualizada para verificar el estado de las obras y actividades desarrolladas en la zona y su cumplimiento con la normatividad ambiental vigente.
Otro de los acuerdos establece que el Gobierno de México buscará un acercamiento con la empresa responsable del proyecto que ha generado controversia en la región, además de garantizar el respeto al derecho de manifestación de las comunidades.
La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que ninguna autorización ambiental representa un permiso absoluto y que corresponde a la autoridad supervisar permanentemente el cumplimiento de las condiciones impuestas y actuar en caso de incumplimientos.
Por su parte, representantes de la Comisión Nacional del Agua y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas coincidieron en que la problemática de la Laguna-Bahía de Ohuira requiere una respuesta integral basada en el diálogo y la construcción de acuerdos con las comunidades.
Las dependencias participantes reiteraron que cualquier decisión sobre los temas planteados deberá apegarse al marco jurídico vigente y sustentarse en criterios técnicos y legales, al tiempo que refrendaron su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación con los habitantes de la región.