Ciudad de México.- El proceso penal en Estados Unidos contra Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán e integrante de “Los Chapitos”, tomó un pausa prolongada. La audiencia para dictar su condena ante la Corte del Distrito Norte de Illinois fue pospuesta oficialmente hasta el 1 de marzo de 2027 por orden de la jueza federal Sharon Johnson Coleman.
Guzmán López, de 40 años, permanece bajo custodia estadounidense desde julio de 2024, tras aterrizar sorpresivamente en Nuevo México junto al capo Ismael “El Mayo” Zambada. En diciembre de 2025, cambió su declaración a culpable por delitos de narcotráfico y crimen organizado, aceptando colaborar activamente con el Departamento de Justicia de EU a cambio de una posible reducción de su condena.
Tensión en Sinaloa e incertidumbre política
El aplazamiento de la sentencia ocurre en un contexto crítico para Sinaloa. Aquella entrega e detención pactada de julio de 2024 desató una fractura violenta entre la facción de “Los Chapitos” y la de “El Mayo”, sumiendo a Culiacán y municipios aledaños en meses de enfrentamientos, bloqueos e inseguridad.
A este escenario de conflicto criminal se sumó la turbulencia política local. Tras haber solicitado licencia temporal en medio de señalamientos y carpetas de investigación abiertas por las autoridades mexicanas y estadounidenses, el gobernador Rubén Rocha Moya concretó su regreso al cargo tras 112 días de ausencia. Su reincorporación generó fricciones e incertidumbre, provocando que tanto la Secretaría de Gobernación como la dirigencia nacional de Morena se deslindaran públicamente de su retorno, calificándolo como una decisión estrictamente personal.
Colaboración estratégica y fentanilo
El acuerdo firmado por Guzmán López incluye admitir su rol en la logística de distribución masiva de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia territorio estadounidense, además de aceptar el decomiso de aproximadamente 80 millones de dólares.
El otorgamiento de un plazo amplio hasta marzo de 2027 permitirá a la fiscalía estadounidense evaluar el valor de la información y testimonios entregados por el procesado en investigaciones en curso, mientras en México persisten las secuelas de la reestructuración del crimen organizado y la crisis de gobernabilidad en Sinaloa.
Redacción/LaPared