Culiacán, Sin.- En el negocio del poder, el silencio se compra con billetes verdes y la lealtad se cobra con lives. La filtración de la transcripción de la primera audiencia del general de Brigada en retiro, Gerardo Mérida Sánchez, ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, es mucho más que un simple papel procesal. Es la radiografía de un pacto de impunidad.
El expediente criminal Caso S9 23 Cr. 180, desglosado en exclusiva por el equipo de investigación de La Pared a partir de los registros de la corte, pone en evidencia el mecanismo con el que presuntamente se operó la seguridad pública del estado durante el quiebre definitivo de 2024: el año en que el aparato institucional terminó por inclinar la balanza.
La acusación formal del Departamento de Justicia norteamericano sostiene que el mando militar recibió portafolios con más de 100 mil dólares mensuales en efectivo de la facción de “Los Chapitos”. Esos recursos cobraron un peso estratégico cuando el pacto interno se rompió y la plaza reventó el 9 de septiembre de 2024, desatando la guerra abierta contra la estructura de “Los Mayos”.
En ese tablero donde el terreno se disputa palmo a palmo y a punta de plomo, las acusaciones neoyorquinas apuntan a que las instituciones locales jugaron bajo la sombra de una calculada simulación.
De nuestro archivo: «Eventos de más a menos» en el Salón de Cabildo
El abismo entre las verdades oficiales y los archivos de la corte neoyorquina quedó plenamente documentado en el archivo periodístico de La Pared. El 16 de septiembre de 2024, tras la conclusión del desfile militar del Día de la Independencia, las autoridades se trasladaron a las mesas oficiales del Salón de Cabildo del Palacio Municipal de Culiacán para ofrecer una conferencia que el tiempo terminó por desnudar. En el presídium, cobijados por los muros del ayuntamiento, la cúpula de seguridad pretendió contener con discursos el fuego que ya consumía las calles.
Revisando el video de nuestra cobertura en dicho recinto, el general Mérida Sánchez aparece al micrófono, imperturbable, pretendiendo minimizar las ráfagas que ya azotaban la región. Ante los cuestionamientos de los reporteros, soltó sus palabras textuales: “Se ha visto en números que estos eventos han ido de más a menos, reconociendo que de repente hay eventos que nos alarman, pero sí la tendencia es a la baja”. Mientras afirmaba en el palacio municipal que el despliegue de las fuerzas estatales y federales patrullaba las veinticuatro horas para devolver la tranquilidad, la fiscalía de Manhattan tejía la otra mitad de la historia: la de un despacho que, según los cargos penales, operaba como una red de alertas tempranas para salvar de la quema a una sola facción.
A su lado, compartiendo el espacio del Cabildo, se encontraba el General de División Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar, y el general Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la Novena Zona Militar. Fue precisamente Leana Ojeda quien terminó de verbalizar la parálisis operativa del aparato de seguridad ante las cámaras de La Pared.
Al ser increpado sobre el cese de los enfrentamientos, soltó la frase que selló aquella comparecencia: “Queremos que sea lo más rápido posible, pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación”.
Para la ciudadanía la declaración fue un agravio que costó un relevo semanas después; admitir desde el corazón del gobierno local que la tranquilidad dependía de la voluntad de las células delictivas incendió la opinión pública.
Pero el expediente de Nueva York le da una lectura distinta: los fiscales argumentan que no era omisión fortuita, sino la coartada perfecta para dejar correr la limpia.
El escudo en el año del fuego
En las dinámicas de la delincuencia organizada sinaloense, perder una pieza es ceder terreno ante el rival. Durante el conflicto, cada baja, cada detención y cada cocina de fentanilo destruida alteraba las fuerzas de la confrontación. La fiscalía de Nueva York sostiene que Mérida Sánchez convirtió su despacho en un escudo exclusivo para cuidar los intereses de un solo bando.
El pliego acusatorio es tajante: el exsecretario operó de manera directa para evitar la captura de operadores prioritarios de la organización de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Aunque los nombres de los jefes de plaza resguardados se mantienen bajo reserva en los archivos clasificados para no entorpecer el proceso de la corte, el expediente describe un blindaje sistemático.
Mientras los operativos federales golpeaban los activos de la facción contraria, la acusación apunta a que el mando militar garantizó que los cuadros armados y financieros de sus socios mantuvieran su fuerza intacta, dándoles oxígeno y ventaja en las semanas más críticas de la disputa por Sinaloa.
Las diez filtraciones
La traición que describe la corte de Manhattan perforó las operaciones más herméticas de la inteligencia militar mexicana. La fiscalía le imputa al general haber entregado “pitazos” precisos sobre al menos diez operativos quirúrgicos diseñados en la Ciudad de México por el Ejército y la Marina Armada de México.
El engranaje funcionaba con precisión. Horas antes de que las fuerzas especiales de la Federación activaran las órdenes de cateo o las incursiones en las colonias de la capital o en los laboratorios de la zona serrana, la información se filtraba desde el despacho del secretario de Seguridad del estado.
Las minas de oro del fentanilo eran desmanteladas a toda prisa y los objetivos prioritarios se desvanecían del radar antes de que las hélices de los helicópteros se escucharan en la zona.
“No fianza”: la transcripción de la corte
La Pared tuvo acceso exclusivo a los pasajes clave de la transcripción de la comparecencia inicial ante la jueza federal Sarah Netburn. El acta detalla la frialdad con la que se leyó el destino del militar de 66 años y la solidez de los argumentos que lo mantendrán tras las rejas de una prisión de máxima seguridad.
A continuación, los fragmentos textuales traducidos del récord oficial de la audiencia:
LA JUEZA NETBURN: El acusado se presenta ante este tribunal bajo el pliego de cargos del caso criminal S9 23 Cr. 180. Se le imputan tres cargos graves: conspiración para la importación de fentanilo y cocaína a territorio estadounidense, posesión y conspiración para el uso de armas de fuego automáticas y de alto calibre con el fin de promover estas actividades de narcotráfico. ¿El acusado comprende los términos y las penalidades de los cargos leídos?
EL DEFENSOR PÚBLICO: Sí, Su Señoría. Hemos discutido los cargos y las penalidades máximas con el señor Mérida Sánchez. En este acto, hacemos formalmente una declaración de no culpabilidad y solicitamos proceder con las etapas del desahogo de pruebas de la corte.
EL FISCAL FEDERAL: Su Señoría, el Gobierno de los Estados Unidos solicita formalmente la detención preventiva obligatoria del acusado sin derecho a fianza. Presentamos este recurso fundamentado en el riesgo extremo de fuga y el peligro sustancial que el acusado representa para la comunidad. Como exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y militar de alto rango en retiro, el acusado cuenta con una red activa de protección criminal y acceso inmediato a recursos económicos sustanciales no declarados, obtenidos mediante los sobornos de la facción de ‘Los Chapitos’. Permitir cualquier tipo de fianza facilitaría su huida de la jurisdicción de este país.
LA JUEZA NETBURN: Tras evaluar los elementos de prueba iniciales de la fiscalía y la naturaleza de las conspiraciones imputadas, este tribunal determina que ninguna condición de liberación garantizará la comparecencia del acusado. Se ordena la detención preventiva y el traslado inmediato del acusado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Apenas quince minutos bastaron para resolver la diligencia y sellar el destino inmediato del militar en Brooklyn. Con la sesión concluida, el reloj del periodo de desahogo de pruebas (discovery) ha comenzado a correr bajo un plazo estricto de sesenta días. En este lapso, la fiscalía de Nueva York destapará el cúmulo de interceptaciones telefónicas, transferencias de dinero y las declaraciones de los testigos cooperantes que terminarán de detallar cómo se construyó la impunidad en Sinaloa.
Un expediente del que La Pared mantiene el rastro directo.
Por: Unidad de Investigación de La Pared
Nota: Este enlace te lleva directo al comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., donde la Fiscalía de Nueva York detalla los cargos penales y expone la ficha acusatoria con la edad y cargos exactos del General Gerardo Mérida Sánchez. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/governor-sinaloa-and-nine-other-current-and-former-mexican-officials-charged-drug