Redacción
De cada 100 denuncias por hostigamiento y acoso sexual al interior del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sólo castiga seis y omite decir en qué dependencia hay más acoso contra las mujeres.
De acuerdo con una respuesta que entregó la SFP al periodico MILENIO, a través de una solicitud de transparencia, desde enero de 2020, cuando se publicó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, hasta mayo de 2021, la SFP recibió 599 denuncias por este tipo de conductas, pero sólo aplicó sanciones en 39 casos, es decir en el 6.5 por ciento.
Además, aseguró que de las casi 600 denuncias, únicamente dio acompañamiento y asesoría a 23 presuntas víctimas, es decir, el 3.8 por ciento, para que acudieran a denunciar ante el Ministerio Público. Según la información proporcionada, las sanciones han sido suspensiones, habilitaciones y destituciones.
Sin embargo, aunque en la solicitud se hizo énfasis por desglosar la respuesta, la SFP no dio detalles de cuántos de los casos sancionados ameritaron suspensiones, cuántas inhabilitaciones y cuántas destituciones, ni en qué instituciones trabajan o trabajaban tanto las víctimas como los agresores.
La Dirección General de Transparencia y Gobierno Abierto, encabezada por Gregorio González Nava, consideró que no está obligada a generar documentos ad hoc para contestar a ese nivel de detalles los requerimientos formulados.
Las áreas que proporcionaron la información para atender parcialmente la solicitud fueron la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Interés y la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.
De acuerdo con el protocolo, esas áreas de la Secretaría de la Función Pública son las encargadas de generar los registros estadísticos de casos de hostigamiento y acoso sexual al interior del gobierno federal. La Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses es la encargada de llevar un registro estadístico, en el cual se reportarán los principales tipos de vulneraciones y de las recomendaciones que, en su caso, se hayan adoptado sobre éstos.
Por su parte, los Órganos Internos de Control llevarán un registro de las denuncias recibidas por presuntos actos de hostigamiento y acoso sexual al interior de la administración pública federal (APF), así como de las resoluciones emitidas, que será compatible con el registro de la Unidad de ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Intereses.
Por sus imprecisiones, la respuesta entregada por la Secretaría de la Función Pública ameritó presentar un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que está en trámite.
En respuesta a la solicitud de información, la Secretaria de la Función Pública recomendó consultar dos tipos informes para dar por satisfecha la petición: el informe estadístico del Registro de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del 2019, previo a la entrada en vigor del protocolo, y los informes anuales de labores de la Secretaría de 2019 y 2020. Sin embargo, en ninguno de esos documentos, la Secretaría ha atinado a informar claramente en qué dependencia del gobierno federal ocurren más casos de violencia contra las mujeres.
En el informe estadístico del Registro de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual del 2019, únicamente se hizo referencia a que en ese año se presentaron 274 denuncias por presuntos casos de hostigamiento y acoso sexual en 64 dependencias y entidades federales, sin precisar en cuáles.
“El 49 por ciento de los casos registrados se concentran en cuatro instituciones, el resto de las denuncias presentadas están distribuidas en 60 dependencias y entidades de la APF. Esta cifra representa un 30 por ciento de aumento de denuncias presentadas ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses con respecto al año anterior”.
El 31 por ciento de las conductas denunciadas ocurrió en “Organismos Públicos” de naturaleza administrativa o de servicios públicos (86 casos), el 14 por ciento en “Centros de Trabajo” en los que se brinda asistencia o servicios laborales (39 casos), y el 13 por ciento en “Organismos Públicos” de naturaleza educativa (escuelas o universidades, 35 casos). En conjunto representan el 58 por ciento del total de denuncias presentadas (160 casos).
Entre las conductas más denunciadas en 2019, están tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona y expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual.
Con información de Milenio.