Redacción

La iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo para acotar el outsourcing en el país tendrá implicaciones laborales en el sector cultural. Por ejemplo, uno de los programas estrella de la presente administración federal, el cual se llama “Cultura Comunitaria”, podría ser inviable puesto que opera en buena medida a través de la subcontratación.

También, ya el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ordenó que para el 2021 no se podrán hacer contrataciones de prestadores de servicios técnicos y profesionales con cargo a la partida 33901, es decir, Subcontratación de Servicios con Terceros. Además, los prestadores de servicios que tienen una relación de subordinación podrían estar en su derecho de exigir una relación laboral con la Secretaría de Cultura.

Hace unos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue tajante: los contratos outsourcing que se tengan en la administración pública federal se terminarán y el gobierno se hará cargo de pagarles, sin intermediarios, a los trabajadores. Incluso, aseguró que si la iniciativa para acotar la subcontratación no es aprobada por el Congreso de todos modos el Ejecutivo se mantendrá en su posición de prohibirlo.

El programa favorito de la administración de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, está en jaque porque si se acata la instrucción presidencial, se apruebe o no la iniciativa, Cultura Comunitaria tiene, según especialistas, dos caminos: asimilar a los agentes culturales que son contratados a través del outsourcing o darle fin al programa.

El periódico El Universal documentó en agosto de 2019 que, con el arranque de Cultura Comunitaria, la Secretaría de Cultura contrató al outsourcing Lore Soluciones Integrales por 178 millones de pesos para la contratación de 630 personas que cumplieron con tareas de facilitadores, capacitadores regionales, operadores regionales y estatales, docentes, talleristas artísticos, co-operadores de proyectos, promotores y enlaces territoriales, con un salario de entre ocho y 22 mil pesos al mes. En 2020, la cifra fue de 293 millones de pesos.

En su momento, Esther Hernández, titular de la Dirección de Vinculación Cultural, desde donde se ejecuta el programa, explicó a este diario que se optó por este esquema porque sólo así se podía ofrecer Seguridad Social a capacitadores y promotores de Cultura Comunitaria: “La opción que nos dieron en Administración (de la Secretaría) fue un Servicio de Administración de Nómina”. Dijo y añadió que, si se contrataba por honorarios y, además, un seguro, habría sido financieramente inviable debido al costo.

La licitación a la que se postularon cuatro empresas fue ganada por Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa S.A de C.V., por el concepto de: “Contratación de servicios especializados con terceros para atender el Programa Cultura Comunitaria de la Dirección General de Vinculación Cultural”.

En 2019 Cultura Comunitaria operó con 400 millones de pesos, con este presupuesto se contrató a Lore Soluciones.  Para 2020, fueron aprobados 637 millones y, nuevamente, Lore Soluciones fue requerido a través de una licitación pública, por el concepto de “contratación de servicios especializados con terceros para atender el programa Cultura Comunitaria de la Dirección General de Vinculación Cultural”, por un monto de 293 millones 103 mil 448 pesos. Y, según el expediente 2066902, disponible en Compranet, su vigencia es del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2020.

Lore Soluciones es un conglomerado conformado por Help Rendimiento y Ventas S.A de C.V, Control y Servicios Derh S.A de C.V, Obra y Remodelación Activa S.A de C.V y DSD Grupo Técnico S.A de C.V. Su registro empresarial ante la secretaría de Economía es N-2018097980; pasó de estar constituida como una asociación civil a una sociedad anónima. Y tiene 18 apoderados legales que sortean la representación de la empresa en distintos contratos. La dirección que registró la compañía tiene una inconsistencia debido a que asegura ubicarse en Mazatlán, Sinaloa, pero la colonia y la calle que indican son de la Ciudad de México: Río Mixcoac 36 interior 1302-A, colonia Actipan, C.P. 3230, municipio Mazatlán, estado Sinaloa.

El 2020 ha sido un año de excepción debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, en su reciente comparecencia ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Alejandra Frausto dijo que las actividades de Cultura Comunitaria continuaron en formato presencial y virtual. Incluso, la funcionaria aseguró que “más de 75 % de las actividades se desarrollaron de manera digital”. Y afirmó que el programa tuvo presencia en poco más de 500 municipios de los 32 estados de México, “beneficiando a más de 1 millón 800 mil personas, de septiembre de 2019 a junio de 2020”.

¿Y qué propone el Ejecutivo? Prohibir la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Este esquema lo justificó así Esther Hernández: “Es por el nivel de penetración territorial que tiene y por el involucramiento de gente a nivel a nacional. Estamos trabajando en municipios en los que no había presencia del Estado”.

El abogado Óscar de la Vega, fundador de De la Vega & Martínez Rojas, S.C, con más de 30 años de experiencia, explicó que: “este caso de la Secretaría de Cultura es muy similar al que tienen la inmensa mayoría de las empresas en el país. Muchísimas empresas deben tener una rentabilidad derivada del número de personas que tienen contratadas, de modo que, para tener control, subcontratan servicios a través de terceros”.

En la iniciativa del Ejecutivo, explica De la Vega, queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos. Entonces, ¿puede o no la Secretaría volver a usar los servicios de empresas como Lore Soluciones?

“En términos de la propuesta de ley, la Secretaría de Cultura ya no podría contratar esos servicios porque forman parte de la actividad que preponderadamente que realiza. Es decir, sólo podría usar el outsourcing si lo que contrata es ajeno a su actividad principal, pero si esas personas realizan lo que la Secretaría hace por su naturaleza, entonces sería ilegal, aun cuando el contrato con una empresa fuera por servicio especializado. ¿Qué debería hacer entonces si se aprueba la reforma? Asimilar a todos los trabajadores y darles todos sus derechos, de lo contrario cometería una ilegalidad. O bien puede terminar el contrato e indemnizar a los trabajadores que están en esa sociedad”, dice De la Vega, quien ha centrado su práctica en litigio y consultoría laboral, y prestado servicios legales a empresas multinacionales.

El presupuesto asignado en 2021 para la Dirección de Vinculación Cultural es de 97 millones de pesos; esta oficina es, de hecho, la única con una reducción presupuestal tan dramática. ¿Este es el fin de Cultura Comunitaria? Aún no está claro. Durante varios días se solicitó entrevista con Esther Hernández, incluso se acordó su realización el pasado jueves, pero nunca se concretó.

Con información El Universal   

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