Mientras los cadáveres de mujeres se amontonan, la protesta ciudadana se hace más fuerte y la seguridad está peor que nunca, el gobierno sigue en su negativa de declarar una alerta de género
Elier Lizárraga
A pesar de las promesas del “Gobierno del Cambio”, Sinaloa se ha convertido en uno de los estados más peligrosos del país para las mujeres, como se puede constatar con la creciente ola de feminicidios.
La constante negativa para declarar una alerta de género, la falta de políticas públicas en materia de feminicidios, la prácticamente nula investigación de dicho delito y el desinterés generalizado desde el gobierno por atender la problemática son solo la punta del iceberg.
Y es que, mientras que en años anteriores la taza de asesinatos de mujeres alcanzaba los 100 solo hasta los últimos meses, en lo que va de 2016 se han cometido ya 62 hasta el seis de marzo.
Y si bien el feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por razones de género o en cuyo crimen hay odio, la cifra no deja de ser alarmante. El pasado mes de enero se registraron tres feminicidios en solo dos semanas, tendencia que viene creciendo conforme avanzan los días.
En 2012 y 2013 Sinaloa ocupaba el lugar número 10 en la incidencia de asesinatos de mujeres, pero únicamente el 21 por ciento fueron considerados como feminicidio, según el Instituto Nacional de las mujeres.
Sin embargo, 2014 fue el año más violento en materia de asesinatos por razones de género en el estado alcanzó el quinto lugar, y hasta el mes de julio 49 mujeres habían sido asesinadas.
¿Y la alerta de género?
Pocos meses después de que el feminicidio fuera tipificado como delito los organismos ciudadanos que luchan contra la violencia hacia las mujeres solicitaron una alerta de género, medida que solo puede ser decretada por la Secretaría de Gobernación.
En 2012, Elizabeth Ávila Carrancio, directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, negó que en Sinaloa existan condiciones para decretar dicha medida, a pesar de la insistencia de las diputadas de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado.
Recientemente la funcionaria estatal comentó a Línea Directa que la alerta de género no es la solución para frenar la violencia, y mencionó el antecedente del Estado de México, donde se tomó esta medida y las agresiones continúan.
Sin embargo, dijo, “Yo lo veo positivo como una acción social, ciudadana que así es no es definición gubernamental la que se tiene que dar, sino una acción ciudadana como yo siempre les he dicho, la alerta, las solicitudes son ciudadanos y la verdad yo creo que todos estamos en shock a nivel nacional por la escalada de violencia que habido este año”.
Cada año la sociedad civil exige al gobernador Mario López Valdez que solicite a la federación que se decrete la alerta, pero la respuesta del mandatario ha sido la misma siempre: si se toma esta medida, se afectaría a la economía y la inversión turística en Sinaloa.
Ciudades violentas
Según la estadística de la Procuraduría General de Justicia del Estado, las ciudades más violentas fueron Culiacán, Mazatlán y Los Mochis durante 2014.
En este lapso en Culiacán fueron asesinadas 41 mujeres, por lo cual se abrieron únicamente 13 investigaciones como feminicidios; en Los Mochis se registraron 13 ejecuciones, de las cuales únicamente una fue tomada en cuenta como feminicidio, y en Mazatlán ocurrieron 18 asesinatos y ninguno de estos se consideró para investigar por motivos de género.
De 2005 y hasta el 31 de enero de 2015, la capital sinaloense cuenta con 292 asesinatos de mujeres, de los cuales fueron considerados como feminicidios 35, debido a que este crimen fue tipificado en marzo de 2012.
Antecedentes de impunidad
Si bien existen numerosos casos de feminicidios que pudieran citarse, hay dos que han resultado especialmente amargos para la comunidad sinaloense.
El primero es el de la maestra Perla Lizeth Vega Medina, en el cual se desconoce todavía la identidad del asesino, y el de la activista Sandra Luz Hernández, quien buscaba a su hijo desaparecido desde 2012.
En el primer caso, por presión de la familia y los medios de comunicación, la PGJE señaló a Genovevo Medina, tío de la maestra, como presunto responsable, pero luego tuvieron que liberarlo por falta de pruebas y presuntas señales de tortura.
Después aprehendieron a la expareja sentimental de Lizeth Vega, Juan Carlos Cristerna Fitch, quien permaneció en la cárcel por más de dos años y luego fue liberado porque no existían las suficientes pruebas en su contra.
Aunque la Procuraduría señala todavía como responsable a Cristerna Fitch, lo cierto es que la investigación no ha avanzado para encontrar al culpable de dicho crimen.
En el caso de Sandra Luz, la mujer fue asesinada debido a que por más de dos años exigió a la autoridad que encontrara a su hijo, Édgar García. Cuando la activista fue asesinada, la dependencia estatal señaló que Édgar era un criminal prófugo de la justicia para echar abajo los argumentos de la madre.
El asesino, aunque confesó el crimen, fue puesto en libertad debido a que su defensa contaba, según palabras del procurador Marco Antonio Higuera Gómez, con un “abogado milagroso” que pudo evadir todas las cuestiones legales para que se dejara al asesino en libertad.
Panorama mundial
Según el estudio “Carga Global de la Violencia Armada 2015, Cada Cuerpo Cuenta”, México se encuentra entre los 25 países con mayor índice de feminicidios en el mundo, concentrando más de mil 900 asesinatos con arma de fuego.
El estatus en parte se debe a la crisis de seguridad que vive Ciudad Juárez, donde la tasa de asesinatos de mujeres supera por 20 veces al promedio global, pero durante los últimos años en Guerrero la problemática también viene al alza.
Según dicho estudio, cada año más de 60 mil mujeres pierden la vida en todo el mundo y solo 25 países concentran la mitad de esta estadística, y el problema se vuelve más grave debido a que en estas naciones, a diferencia del resto, el promedio sigue subiendo año con año.
Diez los 25 países mencionados pertenecen a América Latina, entre los cuales se encuentran Honduras, El Salvador y México encabezado la lista con el mayor crecimiento en la tasa de homicidios de niñas y mujeres.
¿Claridad?
En Sinaloa se tipificó el delito de feminicidio en marzo de 2012, por lo que no existe ningún registro de dicho delito antes de esa fecha. Sumado a esto, la Procuraduría no reconoce la misma cantidad de feminicidios que el Instituto Sinaloense de las Mujeres.
Esto, entre la circunstancia de que la administración estatal se niega a solicitar una alerta de género y no reconoce la mayoría de feminicidios, hace imposible saber con certeza la cifra real, mientras los cadáveres se apilan en las estadísticas.
A pesar de que el gobernador Mario López Valdez trata de pintar una realidad con una estadística que se contradice en los hechos, lo cierto es que los índices delictivos de este sexenio rebasaron ya a los de Jesús Aguilar Padilla, cuyo periodo tuvo tres de los años más violentos en Sinaloa.
Protesta en el Día de la Mujer
La lucha para más bien solitaria de pequeños grupos de mujeres. El martes 8 de marzo, Día de la Mujer, el Colectivo de Mujeres Activas entregó al jefe del Ejecutivo una alerta de género para activar recursos y mecanismos que inhiban la violencia contra las féminas.
Tere Guerra Ochoa, presidenta de esta organización civil, mencionó que también este documento se envió al gobierno federal para que el Instituto Nacional de las Mujeres canalicen dicha solicitud para intentar activar la alerta de género.
Explicó que, contrario a lo que argumenta Malova, activar esta alerta haría que se activen recursos federales para crear mecanismos de defensa, vigilar las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de los ministerios públicos y los archivos que se están llevando.
Manifestó que la solicitud abarca los municipios más afectados por la violencia contra las mujeres, como Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Navolato, en donde los casos van a la alza.
Dijo que el combate al feminicidio no debe verse como algo que afecte la imagen del estado, pues reveló que en Sinaloa se han asesinado a más mujeres que en otros sexenios, y las denuncias van en aumento.
Después de realizar una manifestación en la explanada de Palacio de Gobierno, un grupo del Colectivo llevó el documento al despacho del gobernador, en donde fue recibido, sin embargo, la agenda del gobernador señalaba que tendría audiencias en la Ciudad de México.