Culiacán, Sin.- De Sinaloa a una corte federal en San Diego, Frank Mahonri Cruz-Marentes, de 37 años, terminó admitiendo su participación en una red que lavó más de 72 millones de dólares provenientes del narcotráfico en Estados Unidos.
El sinaloense se declaró culpable de conspirar para lavar ganancias del tráfico de drogas mediante una estructura que involucraba a mensajeros, titulares de cuentas bancarias y empresas utilizadas para mover el dinero hacia México.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2019 y 2021 Cruz-Marentes obtuvo contratos con organizaciones de narcotráfico en México para coordinar la recolección de dinero en distintas ciudades estadounidenses.
La operación alcanzaba lugares como Los Ángeles, Baltimore, Detroit, Filadelfia, Boston, Denver, Chicago y Nueva York. El efectivo era recogido por mensajeros y posteriormente depositado en cuentas bancarias vinculadas con empresas ficticias.
Parte del dinero era trasladado físicamente en maletas deportivas, cajas de zapatos y bolsas de basura, antes de ser ingresado al sistema financiero.
Según los registros judiciales, Cruz-Marentes utilizaba teléfonos desechables y comunicaciones codificadas para coordinar a los integrantes de la red. Una vez depositados los recursos, el dinero era transferido a cuentas personales en México y posteriormente entregado a organizaciones dedicadas al narcotráfico.
¿Para quién trabajaba?
Aunque el caso está relacionado con organizaciones criminales asentadas en México, las autoridades estadounidenses no han identificado públicamente a Cruz-Marentes como integrante de Los Chapitos, la facción de Ismael “El Mayo” Zambada o alguna otra facción específica del Cártel de Sinaloa.
Por ello, no existe hasta ahora información judicial pública suficiente para atribuir esta operación a una de esas estructuras en particular.
Cruz-Marentes fue extraditado de Perú a Estados Unidos en noviembre de 2025 para enfrentar el proceso federal en su contra.
Tras declararse culpable, podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión, además de una multa de hasta 500 mil dólares o el doble del valor de los fondos involucrados.
El juez federal Gonzalo P. Curiel tiene programada la audiencia de sentencia para el 18 de diciembre de 2026.
La investigación involucró a agencias como Homeland Security Investigations, DEA, IRS Criminal Investigation, Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento del Sheriff de San Diego.
Redacción/LaPared