Guanajuato.-Adolescentes desaparecidas, otras embarazadas como producto de violaciones cometidas presuntamente por uno de los responsables del albergue, recién nacidos entregados en adopción a parejas estadunidenses de manera irregular y a cambio de dinero, son algunas de las graves anomalías que se acumulan a los hallazgos detectados en los centros de asistencia de la organización Ciudad del Niño de Salamanca, fundados y manejados por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.
Testimonios de vecinos, profesores, e incluso de adolescentes que escaparon de la Ciudad del Niño y la Ciudad Juvenil –ambos centros manejados por el sacerdote católico y con domicilio en Salamanca- fueron recabados en un informe del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, NIMA, en el que se ratifican además las omisiones cometidas por distintas autoridades, desde el DIF municipal, el Sistema DIF estatal, la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, la Procuraduría de Justicia del estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado.
Tanto NIMA como la Red de derechos de la infancia (Redim) han apuntado a la ineficacia y una red de corrupción desde instancias oficiales que registraron maltratos, abusos sexuales, registros en actas de nacimiento de menores violatorios de la ley y otras anomalías, sin que procedieran para frenar estas situaciones, ni para que se investigara y sancionara a los responsables señalados por las propias víctimas, principalmente el sacerdote Pedro Gutiérrez y su principal colaborador, Martín Bermúdez, además de un grupo de monjas.
A cargo de la supervisión de estos centros de asistencia social –obligados por la Ley general y la Ley estatal de protección de niños, niñas y adolescentes- figuran el Sistema DIF, cuyo director estatal, Alfonso Borja Pimentel, es comunicólogo de profesión y fue presidente municipal de Jaral del Progreso y funcionario de la Secretaría particular del gobernador Miguel Márquez, antes de que éste lo designara director del DIF.
El otro funcionario directamente responsable, Rolando Gaytán Vera, actual procurador de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, comenzó su carrera pública como policía municipal en Jaral del Progreso, corporación donde fue ascendiendo hasta ser director de la misma en el trienio de Alfonso Borja (2009-2012), quien ya al frente del DIF lo integró a su equipo.
Por lo menos dos entrevistados por el personal de NIMA, cuyos testimonios son incluidos en este informe, relataron que hicieron denuncias a alguna de estas instancias sobre lo que ocurría con los menores y adolescentes en la Ciudad del Niño “y en cuanto mencionábamos el nombre nos colgaban y nunca nos volvían a contestar las llamadas”.
“En un testimonio queda expresado que una de las personas que ejecuta los traslados cuando hay adolescentes embarazadas es Martín Bermúdez: (…) inclusive sabe que cambian a las niñas de un lado a otro para cuando van ustedes a investigar, ya sea con otras personas, el DIF, o cualquier cosa; las cambian, ya ve que tienen en Moroleón, Morelia; tienen varias casas, tienen en Irapuato. Ahí el que las trata más mal es el Martín, se embarazan y ya cuando se aliviaban (…) viene gente del otro lado y les dan en adopción a los niños, pos claro, dándoles una buena tajada de dinero”.
Otros testimonios refieren que el sacerdote realizaba reuniones en las cuales ofrecía a las adolescentes en prácticas de explotación sexual, señala NIMA, que de manera indirecta tuvo acceso al testimonio de una menor que escapó de la Ciudad del Niño, y narró haber ocultado su embarazo para escapar, pero cuando salió y dio a luz, fue localizada y obligada por Martín Bermúdez mediante amenazas a entregarle a su hija “porque la niña era de la Ciudad del Niño”.
NIMA responsabiliza al gobierno del estado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra estas adolescentes.
Fuente: Proceso