Redacción
La jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada reveló en los tribunales cómo se aceptó por la administración de Quirino Ordaz Coppel un trato con funcionarios malovistas.
Los implicados en ese trato son Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, y Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas, quienes aceptaron que se reparara el daño de desvíos por 293.5 millones de pesos a cambio de 2 millones de pesos y una disculpa pública. Quienes lo ofrecieron son Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas, Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero, y José Carlos López Ramírez, ex titular de la Caja General de Gobierno del Estado.
Los tres ex funcionarios hicieron 112 transacciones bancarias para desviar 293.5 millones de pesos en el último semestre de 2016 hacia cuentas que tenían un fin distinto.
El caso se inició con la auditoría 007/2017, que realizó la Auditoría Superior del Estado. Después de encontrar irregularidades, la Auditoría interpuso denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que logró una orden de aprehensión en agosto de 2018.
Sin embargo, esa orden no se hizo efectiva, sino hasta enero de 2019, cuando se dio a conocer de forma pública.
Tras una serie de presentaciones de funcionarios y solicitudes de perdón, se hizo un acuerdo entre funcionarios de Ordaz Coppel y ex funcionarios malovistas.
El acuerdo consistió en otorgar una suspensión condicional del proceso, que permitiría evitar la cárcel a los tres ex funcionarios, a cambio de una reparación que consiste en pagar entre los tres 2 millones de pesos, asegurando que los movimientos bancarios fue para cumplir con el pago de nómina y no para sus cuentas personales; durante seis meses permanecer en Sinaloa y en el mismo domicilio donde habitan actualmente, absteniéndose de viajar al extranjero y ofrecer una disculpa pública en un medio de comunicación que elija Gobierno del Estado
En una audiencia que se llevó a cabo este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Culiacán, Ismael Carreón Ruelas, quien se presentó como apoderado legal de Gobierno del Estado, dijo estar de acuerdo con las propuestas.
Lo mismo sucedió con Librado Romero Martínez, fiscal encargado del caso desde la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa. Sin embargo, aunque ya todo parecía listo para que la jueza aprobara, el caso dio un giro inesperado.
Con información de Revista Espejo.