Si algo tiene Alfonso Carlos Ontiveros Salas, es la precisión jurídica al momento de hablar: lo hace como si sus palabras fueran un estilete que abre en canal el lenguaje formal del Derecho.
Al recibir a La Pared Noticias para una entrevista, el director Jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, uno de los encargados de construir el andamiaje legal para las reformas en materias administrativas que ayuden a solventar viejos problemas económicos, señala que se tiene la plena confianza que los amparos no van a transitar y que, una vez que el Centro Federal de Conciliación les dio la razón, el Juzgado Laboral de Culicán tampoco tumbará la reingeniería debido a que es necesaria para enfrentar estos tiempos.
En su escritorio se acumulan documentos, expedientes y papeles en los que se apoya. Dice que es de los que les gusta revisar las cosas por sí mismo, y trata de que no se le escape nada a la hora de formular las tablas legales.
Así, comienza la entrevista con una pregunta bastante directa:
P.-¿Existe la posibilidad de que la reforma sea revocada?
R.-Es una interrogante que se mantiene abierta. La resolución del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es una facultad exclusiva de esa institución, por lo que habría que analizar si alguna otra instancia tendría competencia para revocar una resolución de ese tipo. Todavía no se ha entrado a la fase de conflictos derivados de la reforma normativa al contrato colectivo. En caso de que se presenten inconformidades, los tribunales laborales tendrían que analizar la naturaleza del conflicto.
P.-¿Cuándo comenzó a aplicarse la reingeniería del sistema de jubilaciones?
La reingeniería comenzó a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026 y continúa vigente. Esta reforma tiene dos objetivos principales. El primero es la creación de un fideicomiso que ya se está capitalizando y que tendrá como finalidad garantizar la viabilidad de las prestaciones de jubilación en el futuro. El segundo es la aplicación de retenciones a las percepciones de los jubilados, recursos que se concentrarán en una cuenta especial que será auditada y que permitirá atender necesidades presupuestales de la universidad. Actualmente la universidad cuenta con alrededor de 1,100 jubilados, y esa cifra seguirá aumentando conforme pasen los años.
R.-¿Cómo funcionan las retenciones a los jubilados?
Las retenciones están establecidas en la cláusula 86 del contrato colectivo de trabajo y se aplican de manera escalonada de acuerdo con el monto de la jubilación:
De 1 a 10 mil pesos: retención del 5 %
De 10,001 a 20 mil pesos: retención del 10 %
De 20,001 a 30 mil pesos: retención del 15 %
Más de 30 mil pesos: retención del 20 %
Estos recursos se concentrarán en una cuenta especial destinada a fortalecer las finanzas de la universidad y a sostener el sistema de pensiones.
P.-¿Qué habría pasado si el fideicomiso creado en 2008 se hubiera mantenido?
Si el fideicomiso creado en 2008 se hubiera conservado y capitalizado durante estos años, la situación financiera sería muy distinta. Ese fondo contemplaba una rentabilidad aproximada del 10 %, por lo que después de casi dos décadas podría haber acumulado entre 14 mil y 15 mil millones de pesos. Con un fondo de esa magnitud, la universidad tendría capacidad para cubrir la nómina de jubilados sin afectar el presupuesto ordinario. Actualmente el pago de jubilaciones representa alrededor de 2,700 millones de pesos del presupuesto universitario.
P.-Hay señalamientos sobre una supuesta nómina inflada en la universidad. ¿Qué responde a eso?
R.-No es correcto afirmar que exista una nómina inflada. El rector asumió un compromiso con la Federación para revisar la plantilla laboral de la universidad y mejorar su eficiencia. La Dirección General de Recursos Humanos está realizando auditorías en las distintas unidades académicas y administrativas para identificar necesidades reales de personal. En algunos casos se han realizado reubicaciones de trabajadores hacia áreas donde se requieren sus servicios y, en otros, se han dado bajas laborales cuando no ha sido posible encontrar una función acorde con su perfil.
P.-¿Cuántas bajas se han registrado hasta ahora?
R.-Hasta el momento se han registrado poco más de 100 bajas, todas correspondientes a personal de confianza. Los trabajadores sindicalizados cuentan con mayor protección laboral debido a su basificación y antigüedad, lo que limita las posibilidades de despido.
P.-¿La universidad cuenta con respaldo legal para mantener esta reforma?
R.-Existe confianza en el proceso legal que ya fue validado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También se consideran precedentes jurídicos relevantes, como una resolución de la Suprema Corte de Justicia en el recurso de revisión 95/2024. Esa resolución establece que, cuando se trata de la constitución de fondos de pensiones, el patrón puede realizar retenciones junto con el sindicato titular del contrato colectivo para garantizar la viabilidad de las prestaciones.
P.-¿Cómo podría influir la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución?
R.-Recientemente la presidenta de la República presentó una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución, que regula las percepciones y jubilaciones de los servidores públicos. La propuesta plantea establecer límites a las pensiones, de manera que ningún servidor público reciba más del 50 % del salario del presidente de la República. De aprobarse, la reforma tendría implicaciones para diversas instituciones públicas y podría marcar una tendencia hacia el control de los sistemas de pensiones en el país.
P.-¿Qué panorama prevé para la universidad?
R.-La universidad confía en que, al concluir este proceso, la institución saldrá fortalecida. El objetivo de la reingeniería es garantizar la viabilidad financiera de las jubilaciones y evitar que el sistema de pensiones comprometa la estabilidad presupuestal de la universidad en el futuro.