EDITORIAL
Con la llegada de más militares al estado no se resuelve el problema de la inseguridad, lo mismo que aumentar de precios los hidrocarburos tampoco salva a nuestra de por sí golpeada economía para salir del atraso.
Militares han ido y venido en Sinaloa, y en el fondo no se revuelve nada, porque el problema de la violencia está íntimamente relacionado con la impunidad y la corrupción. Hay delitos porque no se castigan, porque hay una cultura de la violencia tan arraigada debido a que el “imperio de la ley” nunca llegó a erigirse en la sociedad.
Las dos primeras semanas del 2017 han cimbrado al país. Nadie, ni el presidente Enrique Peña Nieto quiere asumir responsabilidades. Al contrario, desde hace mucho que la clase política mexicana lo único que siente es un desprecio profundo hacia el pueblo.
Nos pide comprensión, pero no es capaz de comprender y dar soluciones firmes.
En Sinaloa, como se esperaba, el PRI respaldó al gobierno federal, y en todas las declaraciones, desde el gobernador Quirino Ordaz Coppel hasta diputados y dirigentes no han encontrado cómo salir del embrollo, y terminan torpedeados por sus propias palabras.
Pero no nos equivoquemos con Quirino. Como política financiera anunció el lunes 9 de enero una serie de medidas para ahorrar recursos y recortó privilegios mandos medios y superiores y prometió ajustar la nómina y evitar lo más posible la fuga de dinero en comilonas, viajes, viáticos, gasolina y vehículos de lujo; así también ha decidido transparentar lo más posible las licitaciones y el uso del erario.
Sin embargo, esta austeridad republicana, también anunciaba por el Congreso del Estado ahora que los diputados se quitaron bonos de gasolina y transporte, no es una prerrogativa que da la clase política a la sociedad; mucho menos tómese como un ejemplo. No. Es lo menos y más decoroso que puedan hacer. Es además su obligación.
La aspiración de una sociedad como la mexicana es que su clase política gane de acuerdo con los sueldos de la clase media, que en sí la política no sea un negocio. Que si quieren dinero, que trabajen en el sector privado haciéndolo.
Por lo tanto, que los señores diputados hayan aprobado quitar esos bonos extraordinarios no es un logro de ellos y tampoco es un gesto de buena voluntad de su parte hacia esa abstracción que llamamos pueblo.
Es lo que se tiene que hacer de ya en toda la República, desde el gobierno federal, las entidades y los municipios. Este país gasta demasiado en su burocracia, se cobran demasiados impuestos para sostener una maquinaria disfuncional e ineficiente.
De ahí que la oleada de manifestaciones y bloqueos que llevó a cabo la sociedad civil (a pesar de que se quiera desvirtuar con saqueos, infiltrados o propaganda negativa) es solo la punta del iceberg de la inconformidad, de la desobediencia civil y la resistencia social.
País surrealista al final de cuentas, ya salió doña Ivonne Ortega, diputada federal del PRI y exgobernadora de Yucatán, a decir que no le tienen que cobrar los platos rotos a ella ni al partido. ¿Más muestra de cinismo?
Esta es la edición número 17 de LA PARED. Pese a toda la problemática que se vive actualmente, volvemos a circular. Esperemos que este diálogo con usted, estimado lector, continúe en más ediciones.