Redacción
En escuelas públicas y privadas de al menos siete entidades del país han operado distintos grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil organizada, en los que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia que han abusado de niños dentro y fuera de los planteles, y los han videograbado con fines de pornografía en línea.
De acuerdo con el informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), que ha acompañado y litigado casos de este tipo en por lo menos 18 escuelas, “se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”.
Las entidades donde se han documentado y litigado estos casos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Sin embargo, el informe refiere un centenar de casos más en los cuales hubo denuncias de abusos a menores en escuelas, pero se desconoce si hubo detenidos, si se siguen investigando o si quedaron impunes.
El informe indica: “Numerosos preescolares y primarias han sido capturados y utilizados como espacios para la comisión de delitos de explotación sexual infantil en línea”. El documento, coordinado por la maestra Margarita Griesbach Guizar y presentado por los académicos y activistas Karina Ansolabehere, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, Manuel Gil Antón, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez, refiere con detalles un problema de dimensiones mayores en materia de explotación sexual infantil, pederastia y pornografía en las escuelas públicas y privadas de México.
La narrativa de lo que se oculta en las aulas, en los patios, en las oficinas de los directores de escuelas de todo el país es que: “De manera consistente, niños y niñas describen ser penetrados con jeringas con agua, con popotes o con papeles sucios, incluso manchados con excremento”.
También describen ser ahorcados u obligados a lastimar a otros compañeros y compañeras; además, “niños y niñas refieren ser grabados o fotografiados”.
El material realizado por las bandas de delincuentes, habilitados como profesores, nunca fue encontrado ni tampoco se investigó —por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR)— a quienes trabajan o financian la red de pornografía infantil.
En el Jardín de Niños Andrés Oscoy, en Iztapalapa, los padres de familia y vecinos nunca imaginaron el terror que vivieron cientos de alumnos durante años. Sólo 30 familias denunciaron. En 2011, la PGR contactó a la ODI para solicitar apoyo legal para las víctimas, todas de entre tres y cinco años de edad.
“De las testimoniales de 19 niños y niñas de entre tres y cinco años se detecta que nombran a 10 personas como agresores directos, que incluyen desde a la directora del plantel y maestras hasta al personal de intendencia, e incluso al hijo adolescente de uno de los maestros”, dice el informe.
Las narraciones de los preescolares sobre el infierno que vivieron exponen que las agresiones se registraron en diversos sitios del plantel. “La mayoría de los niños y niñas refiere que fueron agredidos en un baño. Sin embargo, otros mencionan la oficina de la dirección y un cuarto de drenaje”, así como lugares abiertos, como el patio o un salón.
Por meses o años nadie en la Secretaría de Educación Pública (SEP) se enteró de lo que ocurría en esta escuela ni investigó o cuestionó que 10 de sus funcionarios estuvieran dedicados a la explotación sexual infantil.
Con información de El Universal.