Desde que la Procuraduría General de la República tomó en sus manos la investigación de las relaciones de la diputada de Cosalá Lucero Guadalupe Sánchez López con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, comenzaron en Sinaloa una serie de deslindes dentro del Partido Acción Nacional, así como otros actores políticos, para no ser vinculados con ella. Era fuego ardiendo en las manos.
Según lo que tan cómodamente ha filtrado la PGR a los medios, a Sánchez López se le integra una averiguación previa por falsificación de documentos, pero además la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada intenta fincarle responsabilidad por otros delitos, como operaciones de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En mayo de 2013, cuando Lucero se convirtió en candidata de la coalición PAN-PRD-PT, con una alianza en común con el Partido Sinaloense, los rumores de que era una de las mujeres del Chapo encendieron las alertas no solo en las dirigencias de estos partidos políticos, sino en el Gobierno del Estado. Apadrinada en primera instancia por Guzmán Loera, nadie se atrevió a bajarla del carro, ni Edgardo Burgos Marentes, presidente del “albiazul”, ni ninguna otra voz. Desde entonces, y ya siendo diputada, todos aquellos que estuvieron envueltos en la aceptación de la candidatura temían que el asunto estallara en medios, pero a la vez en el fondo sabían que mientras el Chapo estuviera operando en libertad nadie se metería con ella.
Burgos Marentes no se cansaba de comentar al interior de la coalición que si el tema de Lucero se convertía en escándalo, no dudaría en culpar a Guadalupe Carrizoza Cháidez y al secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros. Lo mismo comentaban con sorna otros panistas.
Y así fue. Lucero Sánchez rindió protesta el 1 de diciembre de 2013, en febrero de 2014 capturaron al Chapo, y no eran pocos en el Congreso del Estado quienes sonreían al saber que la legisladora, sometida siempre al ostracismo, se había quedado sin el novio. Pasó otro año y tampoco salió a relucir el asunto. Incluso habíamos periodistas que tratábamos de sacar cuentas para determinar si el hijo que esperaba era del capo.
Pero en septiembre de 2014 la diputada cometió un craso error. Fue a visitar al Chapo en el penal de El Altiplano. La Secretaría de Gobernación, meses después –desde ahí se ve la trama tejida y aprovechada por el gobierno federal–, filtró a los medios nacionales que una mujer había ido a visitar al capo con documentos apócrifos. En Culiacán nos preguntamos si habría sido ella.
La dosificación de la información es muy importante para el poder. Y así desde las altas esferas del gobierno se comenzó a operar. Fue Joaquín López-Dóriga, mimado por las filtraciones, publicó en su columna En Privado del diario Milenio, que era Lucero Sánchez la misteriosa visitante, pero para ello se llevó tres días de “suspenso”. Remató con un amplio reportaje en su noticiero estelar en Televisa sobre el caso.
Entonces Sánchez López salió a defenderse, e incluso se ofreció a la PGR de estar dispuesta a ser llamada. No ocurrió y ni siquiera hubo una postura oficial de la institución. Fue grilla en medios.
Se fugó el Chapo, y ya nadie dijo nada, ni esta boca es mía. En aquel tiempo Burgos Marentes se responsabilizó de la candidatura y pidió a la PGR investigar.
Pero con la recaptura del Chapo, de nuevo el gobierno federal, usando a los televisos, filtró que Lucero había estado el Año Nuevo con el capo en Mocorito. Ya en enero, con el proceso electoral encima, la procuradora Arely Gómez confirmó el dato, y con ello la Fiscalía oficializó la investigación contra la diputada.
Más allá del chismorreo, el caso Lucero se puede ver como la punta del iceberg de la narcopolítica. Antes los hombres vinculados a la mafia se conformaban con patrocinar y encumbrar a nuestros políticos. Ahora era claro que el narco, como poder fáctico, pedía su bono democrático.
Sin embargo, la PGR se ha dedicado a apuntalar un caso de manera mediática, pues es evidente la administración que ha hecho del tema. Y la cúpula del PAN le ha seguido el juego. Es cierto que Guadalupe Carrizoza la apoyó, es cierto que ella platicó con Edgardo y con Cuen, como también lo hizo con priistas. Y ello merece una investigación seria y adecuada. No solo la hoguera mediática sirve, aunque sirve para medirle el pulso a los movimientos del poder, y su corte de bufones.
Pero ahora que Ricardo Anaya se encuentra en el momento crucial de sacar adelante 12 gubernaturas, comisionó al diputado federal Federico Döring Casal en un especie de fiscal que indagaría los orígenes de la postulación de la diputada. Anaya fue el primero en deslindar al partido, y también el primero en sacarla de la bancada, y el primero en exigir el desafuero y justicia por los agravios cometidos.
La primera orden también fue destituir a Carrizoza Cháidez como líder de bancada. El diputado, es cierto, era el único que siempre defendió a la legisladora.
Pero ahora que Döring pidió la expulsión de Carrizoza por “apadrinar” a Lucero, y además sancionar a Rojo Montoya y a Burgos Marentes, luego de venir a Sinaloa a supuestamente investigar el caso, la Comisión Permanente avaló las sugerencias, y el escándalo hizo implosión.
El manotazo del CEN no hay que verlo como una renovación de los valores democráticos de Acción Nacional, ni como una resurrección de sus antiguas luchas pasadas. Disolver el Comité Directivo Estatal, sin previa audiencia, en efecto como dijeron los acusados, viola los estatutos del partido, y da el paso para sacar a Héctor Melesio Cuen Ojeda de la competencia interna, pues es precisamente esta dirigencia quien apoya al ex rector.
El circo mediático, con Döring como director de orquesta, y Anaya como un personaje de bajo perfil -¿Quién manda a Döring?-, no tiene otro fin más que descarrilar la alianza y entregar la gubernatura al PRI, con el candidato Quirino Ordaz Coppel. La de Sinaloa se ha convertido en una elección de Estado, donde la maquinaria de Los Pinos, la orden presidencial, y el gobierno estatal están operando para hacer ganar a un candidato que no figura en las encuestas, y cuya carrera política apenas comenzó al ganar la diputación federal, aunque en la administración pública ya lleva tiempo.
Así pues, quedaría nada más Martín Heredia Lizárraga como candidato del PAN. Peña Nieto quiere un triunfo cómodo, y Cuen con todo lo que arrastra, representa un rival difícil. Por eso, las versiones que han surgido en el panismo (ese que se siente agraviado, ya que otros festejan el chingazo) es que desde Bucareli de pactó con Anaya, entregar Sinaloa a cambio de obtener Durango. En Durango, no se olvide, toda la estructura de seguridad y justicia estaba comprada por el cártel de Sinaloa. Y allá los medios callan. De modo que para la cúpula panista este estado sería buen botín, a cambio de ceder en un estado en donde se ha dejado sentir el poder presidencial, que intenta poner orden en los grupos, y que se enlaza en la figura de Peña Nieto y Vizcarra, unido el presidente con David López Gutiérrez, su amigo personal de hace muchos años.
Para cumplir los caprichos, es necesario batir un poco el lodazal también.
Martín Durán