Entre líneas, Malova y el presidente de la Junta de Coordinación Política no se ponen de acuerdo. El Ejecutivo envía un presunto proyecto para enmendar la plana al Congreso por la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, pero al final no hay ninguna novedad de fondo, y luego plantea solo a los dirigentes de partidos la idea de ampliar los periodos a los diputados y alcaldes a elegirse en 2016, cuando es el Legislativo para conocer el tema. Aquí la crónica política de los últimos días.
Martín Durán y Cynthia Valdez
Culiacán, Sin.-A ocho días del inicio de la convocatoria para arrancar el proceso electoral del próximo año, el gobernador Mario López Valdez reunió a los dirigentes de partidos en un desayuno tempranero y atípico: poner sobre la mesa la ampliación a 4 años 10 meses el periodo de diputados y alcaldes.
Pero esta propuesta extemporánea a todas luces, solo viene a meterle ruido al proceso que está en puerta, y viene a sacudir de nuevo los liderazgos del Congreso del Estado, que han salido a declarar que es inviable tal propuesta debido a que el artículo 105 de la Constitución Federal impide hacer modificación a la Ley de Procedimientos Electorales de Sinaloa 90 días antes de expedirse la convocatoria.
¿Por qué plantearle semejante idea a los dirigentes de partido cuando es el Congreso del Estado en el ámbito de sus atribuciones quien se encarga de legislar todo procedimiento? ¿Desconoce el gobernador que la Constitución prohíbe tales modificaciones 90 días antes de un proceso? ¿Qué motivaciones hay incluso en las presuntas modificaciones a la ‘ley de niños’?
La puntada de Malova también lleva “giribilla” e incluso un buscapiés, pues desde el Ejecutivo se detuvo del decreto de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes bajo el argumento de que había detalles en la redacción de algunos artículos.
Al final, el martes pasado se dio a conocer el documento que se envió desde el Tercer Piso, cuyos argumentos plantearon que cinco artículos de la ‘ley de niños’ se alejaban de la certeza jurídica que requerían los infantes, e incluso incurría en limitantes de los derechos de los niños, según tratados internacionales sobre los derechos de la infancia.
Sin embargo, en los cambios planteados por el Ejecutivo todo quedaba igual. Incluso la diputada del PAN Laura Galván Uzeta dijo a la prensa que los cambios eran para que todo quedara igual.
Capoteando el temporal declarativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Enrique Hernández Chávez, habló con los reporteros para que bajaran la negatividad que se estaba despidiendo de la cámara local, pues para la prensa el Ejecutivo se había encargado de exhibir al Legislativo con la ‘ley de niños’.
Mover las aguas a Chuquiqui
Con la propuesta de Malova de ampliar a cuatro años 10 meses el periodo de diputados y alcaldes, y no los dos años a diputados y un año y 10 meses a los alcaldes, también tuvo que salir Jesús Enrique Hernández Chávez para contrariarlo.
En conferencia de prensa incluso leyó el artículo constitucional, para cerrar el tema planteado por el gobernador en el desayuno tempranero del lunes pasado.
“El Congreso en su actuar como constituyente permanente total está facultado para establecer una heteriocidad distinta mediante reforma constitucional y las consecuentes reformas de las leyes indicadas así como para este efecto habrá de considerarse las dos siguientes situaciones”, leyó Chuquiqui a los reporteros.
“La reformas que se realicen dentro de los 90 días previos al inicio de un proceso electoral no podrán aplicarse a dicho proceso pues hacerlo implicaría lo dispuesto en el artículo 4 fraccion II del 105 constitucional”, comentó.
“La declaración del gobernador la vi prudente y respetuosa porque textualmente dijo habrá que ver la viabilidad jurídica y técnica. La respuesta es el texto”, dijo diplomáticamente Hernández Chávez.
–Si se consensó y se realizaron todas las reuniones de trabajo, con la sociedad, con el gobernador ¿por qué entonces regresaron el dictamen que no tienen nada de fondo’, ¿hay un distanciamiento con fondo político para exhibirlo a usted?, le preguntó este diario digital al diputado.
“No tenemos ninguna diferencia política en ningún otro asunto; estos son tiempos de coordinación entre los poderes asumiendo a plenitud las facultades de cada uno en un marco de respeto institucional. No tenemos diferencias ni en esa iniciativa ni en ninguna otra.”
–¿Se le va a dar gusto al gobernador entonces?
“Pues hay que valorar a quién se le va a dar gusto, la iniciativa y lo que acordamos participamos nosotros, el gobernador y nos están diciendo a todos oigan aseguren mejor esto.”
Según algunos presentes en la reunión, hay una clara estrategia discursiva del gobernador por entrometerse en los asuntos del Legislativo, pues debería saber muy bien que ninguna modificación procede con un proceso electoral en puerta.
Al desayuno asistieron la dirigente del PRI, Martha Tamayo Morales, Crecenciano Espericueta Rodríguez de Nueva Alianza, Claudia Morales del PRD, Roberspierre Lizárraga del PAS, Adolfo Rojo Montoya del PAN, y Mario Ímaz de Movimiento Ciudadano.
La idea de ampliar los periodos, más allá del argumento de hacer coincidir con la salida del próximo gobernador a elegirse en 2016, es debido a posibles acuerdos para entregar puestos claves a aliados del actual sistema.
Mientras las intrigas palaciegas ocurren en el Tercer Piso, también desde el despacho de Chuquiqui se prepara un sobre engargolado enviado por el Comité Ejecutivo Nacional en donde están los nombres y apellidos de todos los traidores del Distrito 5 que perdió su hijo Ricardo Hernández Guerrero, el máximo derrotado en la contienda federal de junio pasado.
El CEN, según informan fuentes del PRI, se dio a la tarea de investigar quiénes le dieron la espalda al proyecto de Hernández Guerrero que lo llevó a la derrota estrepitosa en las urnas en contra del candidato independiente Manuel Clouthier Carrillo.
El castigo para los supuestos traidores no ha llegado, descansa en ese documento que ya Chuquiqui tiene en sus manos, pero desde otros ámbitos del PRI, se alista la caballería para entrar en acción una vez expedida la convocatoria de parte del Congreso.