Ciudad de México.-El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha expandido sus operaciones ilícitas hacia el tráfico de mercurio, un químico clave en la extracción de oro mediante minería artesanal e ilegal en América del Sur, reveló una investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el informe, el grupo criminal opera desde al menos cinco minas en la zona serrana de Querétaro —entre ellas Cristo Vive, La Fe, La Peña, El Mono y La Perla— localizadas en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. En estos yacimientos se extrae cinabrio, el mineral del cual se obtiene el mercurio.
La operación está fuertemente protegida con infraestructura de seguridad, incluyendo portones metálicos, torres de vigilancia y presencia armada.
Según datos obtenidos por la EIA, entre abril de 2019 y junio de 2025 se habrían traficado aproximadamente 200 toneladas de mercurio, enviadas principalmente a Perú, Colombia y Bolivia, países donde persiste el uso ilegal de este químico en la minería aurífera.
El contrabando, se estima, generó ganancias por alrededor de 8 mil millones de dólares, producto de la venta del oro extraído con mercurio mexicano.
Contrabando encubierto y lavado de dinero
El grupo criminal emplea estrategias de ocultamiento para burlar los controles aduanales. El mineral es enviado en sacos mezclado con grava, etiquetado falsamente como “material de construcción” o “piedra decorativa”, y transportado desde puertos como Manzanillo y Veracruz. Panamá ha funcionado como punto intermedio en la ruta hacia Sudamérica.
El oro obtenido es luego introducido a mercados internacionales mediante esquemas rudimentarios de lavado, que incluyen la venta como joyería artesanal o su envío a través de pasajeros individuales.
La investigación también señala al empresario Juan José Zamorano Dávila como principal operador de la red y a su esposa, Alejandra Pulido Briseño, exdiputada local del PAN, como posible encubridora de las operaciones.
Impacto ambiental y legal
El uso de mercurio en la minería artesanal representa hoy la principal fuente de emisiones globales de este metal pesado, según datos de Naciones Unidas.
Su liberación en cuerpos de agua y su inhalación por poblaciones locales genera severos riesgos para la salud humana y ambiental.
Aunque México mantiene permisos para exportar mercurio hasta el año 2032, el uso de este químico está regulado por el Convenio de Minamata, un tratado internacional que prohíbe su comercialización con fines mineros.
La EIA advierte que la operación del CJNG en el sector minero no solo representa una nueva vía de financiamiento criminal, sino un riesgo directo para comunidades rurales, áreas naturales protegidas y la estabilidad legal en la cadena global de suministro del oro.
Con información de: El País, EIA, Infobae, El Financiero y Ojo Público