Ciudad de México.- La tormenta política que durante meses se gestó en los tribunales de Estados Unidos terminó por descargar toda su fuerza sobre el Tercer Piso del Palacio de Gobierno en Culiacán.
En un movimiento fulminante que ha sacudido los cimientos de la política nacional, según el medio emeequis, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento total e inmediato de las cuentas bancarias del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, arrastrando en la caída a sus hijos, alcaldes, senadores y a todo su círculo de operadores políticos y de seguridad.
“Conforme al Acuerdo 156/2026 emitido por la UIF el pasado 06 de Mayo de 2026 al sector financiero a través de la CNBV, esta medida implica la suspensión total de cualquier operación bancaria y el congelamiento de sus activos dentro del sistema financiero mexicano”, detalló el medio emeequis.
El cerco judicial y financiero se cerró por completo.
La orden, tramitada con carácter de extrema urgencia a través de los mecanismos de control de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), llegó como un balde de agua fría a las instituciones financieras del país. No se trataba de un requerimiento de información de rutina; era la instrucción explícita de inmovilizar cada peso, cuenta o inversión ligada al mandatario sinaloense y a su descendencia directa: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz. El golpe financiero, directo al patrimonio del clan familiar, dejó en claro que la investigación va por todo.
Sin embargo, el verdadero terremoto para la estructura del poder en Sinaloa se reveló al destaparse la lista completa de los funcionarios y exfuncionarios alcanzados por el hachazo de la UIF.
Las autoridades mexicanas, operando en estricta coordinación con los expedientes del Departamento de Justicia de EE. UU., congelaron también los activos de Enrique Inzunza Cázarez, actual senador y considerado la mano derecha y principal estratega político de Rocha Moya.
El impacto llegó de inmediato al corazón de los municipios y las dependencias clave.
Entre los nombres boletinados a los bancos destaca Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado. La lista negra de la UIF la completan piezas de alto nivel institucional y operativo: Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.
Las acusaciones que sustentan este colapso financiero no tienen precedentes en la historia reciente del estado. De acuerdo con los expedientes abiertos en las cortes federales de Nueva York, a este grupo compacto de la política sinaloense se le acusa formalmente de haber estructurado una red de protección institucional de “cuello blanco” al servicio de la facción criminal de “Los Chapitos”.
La justicia estadounidense sostiene que, utilizando sus posiciones estratégicas y el aparato gubernamental, los implicados presuntamente facilitaron información de inteligencia, cobertura política y apoyo operativo vital para las actividades de narcotráfico y tráfico de armas de la organización.
En las calles de Culiacán y en los cafés políticos de la capital, el ambiente se tornó denso, casi respirable. Mientras los ejecutivos bancarios avanzaban con el bloqueo de firmas y transferencias, el silencio desde las oficinas oficiales se volvió ensordecedor.
Nadie en el gabinete se atreve a dar declaraciones. Sinaloa, que ya arrastra meses de desgaste bajo una ola de violencia e inestabilidad sin tregua en sus calles, observa ahora cómo la verdadera batalla se mudó al terreno financiero y judicial de más alto nivel. El golpe ya no fue en la sierra ni en las colonias de la periferia; esta vez, el impacto desmanteló los recursos del grupo que hasta hace poco controlaba el destino político del estado, dejando una crisis de gobernabilidad de pronóstico reservado.
Redacción/LaPared