Nueva York.- Quedó en pausa la audiencia que enfrentaba el general retirado Gerardo Mérida Sánchez en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El exmilitar, que hasta hace no mucho encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, arrastra acusaciones serias de la justicia estadounidense por presuntamente tejer una red de protección en favor de “Los Chapitos”.
Detrás del aplazamiento no hay ningún misterio procesal: la Fiscalía entregó una montaña de evidencia y los abogados del general necesitan semanas para revisar caja por caja antes de sentarse a definir el rumbo del caso.
Los detalles del expediente
En lugar de esperar un operativo en su contra en México, Mérida Sánchez prefirió cruzar a pie la frontera por Arizona en mayo pasado y ponerse en manos de las autoridades estadounidenses. De inmediato lo trasladaron a Nueva York, donde hoy permanece recluido en el penal federal de Brooklyn. Sin embargo, en cuanto pisó el juzgado de Manhattan para escuchar los cargos formales, no cedió terreno y se declaró no culpable.
El Departamento de Justicia sostiene una acusación pesada en su contra por conspirar para el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, sumado al acopio de armas de fuego y explosivos. Según las investigaciones de los fiscales, entre 2023 y 2024 el exmando cobraba una renta de hasta 100 mil dólares al mes.
A cambio de ese dinero, la organización criminal recibía alertas tempranas cada vez que las Fuerzas Armadas o la policía preparaban una redada o despliegue en la región.
Ante esta situación, la jueza Katherine Polk Failla reconoció que la masa de pruebas documentales presentada por el gobierno es enorme, por lo que le concedió un respiro de dos meses a la defensa para estudiar a fondo los expedientes.
Si la estrategia legal no prospera, rechazan un acuerdo y deciden irse a juicio, una eventual condena para el general en retiro no bajaría de los 40 años de prisión, con un riesgo real de terminar tras las rejas de por vida.
La hebra de un enredo más grande
La caída de Mérida Sánchez no es un hecho aislado. Su nombre aparece salpicado dentro de una investigación mucho más ambiciosa con la que Washington busca apretar las tuercas a varios mandos y expolicías de la región sinaloense. Por ahora, mientras los abogados evalúan si negocian una declaración de culpabilidad o enfrentan el juicio, la corte se tomará unos días para fijar la fecha de la próxima cita legal.
Redacción/LaPared