La diputada del PRI advirtió que 20 mil 800 millones de pesos corresponden a obligaciones de corto plazo y exigió una auditoría para esclarecer el destino de los recursos; anticipó que su partido no aprobará el presupuesto de 2027 sin conocer la situación financiera del estado.
Culiacán, Sin.- La administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya dejó compromisos financieros superiores a los 26 mil millones de pesos, de los cuales 20 mil 800 millones corresponden a obligaciones de corto plazo que amenazan con asfixiar las finanzas públicas de Sinaloa y reducir los recursos disponibles para seguridad, salud, infraestructura y programas sociales durante 2027, denunció la diputada priista Paola Gárate Valenzuela.
La legisladora advirtió que el estado enfrenta un escenario financiero complicado, debido a que casi el 80 por ciento de los pasivos señalados corresponde a compromisos de corto plazo, mientras que poco más de 5 mil 600 millones de pesos son obligaciones de largo plazo.
Al fijar su posicionamiento sobre el Paquete Económico 2027, Gárate cuestionó el manejo de los recursos durante el gobierno de Rocha Moya, al señalar que durante años se sostuvo un discurso de finanzas sanas que ahora contrasta con las obligaciones financieras acumuladas.
La diputada sustentó sus señalamientos en un diagnóstico presentado por Antonio Vega Gaxiola, ex Auditor Superior del Estado, quien expuso las dimensiones de los compromisos financieros que enfrenta la administración estatal.
“Lo que tiene contra la pared a las finanzas de Sinaloa son los 20 mil 800 millones de pesos de deuda de corto plazo. Casi el 80 por ciento de este pasivo es dinero que debe pagarse de manera inmediata, asfixiando el flujo financiero del estado”, sostuvo.
La legisladora consideró que el problema adquiere mayor gravedad ante la crisis económica y de inseguridad que enfrenta Sinaloa, donde el cierre de negocios, la pérdida de empleos y las dificultades del sector agrícola demandan una mayor intervención gubernamental.
Sin embargo, señaló que una parte importante de los recursos públicos tendrá que destinarse a cubrir compromisos financieros, limitando la capacidad de respuesta de la administración estatal.
“Las micro y pequeñas empresas necesitan un gobierno con capacidad para rescatarlas. En su lugar, tenemos un estado hipotecado a corto plazo, obligado a enfrentar una deuda que restringe su respuesta ante la crisis”, expresó.
Exigen investigar destino de los 26 mil millones de pesos
Ante este escenario, Paola Gárate anunció que el Grupo Parlamentario del PRI exigirá una auditoría exhaustiva de las obligaciones financieras generadas durante la administración de Rubén Rocha Moya.
La revisión deberá establecer el origen de los compromisos, las condiciones en que fueron contratados, el destino de los recursos públicos y la identidad de los proveedores a quienes el Gobierno del Estado mantiene adeudos.
También planteó investigar la posible existencia de contratos firmados sin suficiencia presupuestal y determinar si las obligaciones financieras fueron adquiridas conforme a la normatividad.
“Este Congreso debe asumir su responsabilidad. Las y los diputados fuimos electos para representar al pueblo y vigilar cada centavo del dinero público. Sería una complicidad convertirnos en una oficialía de partes que valide el desastre financiero”, afirmó.
La diputada sostuvo que el Poder Legislativo debe ejercer sus facultades de fiscalización antes de autorizar nuevos compromisos presupuestales, particularmente cuando las finanzas estatales enfrentan restricciones que podrían afectar los servicios públicos.