Culiacán, Sinaloa.- Un total de 16 políticos sinaloenses han sido puestos en la mira pública a partir de este martes 15 de octubre, señalados como personajes que utilizaron su cargo público a través de empresas o familiares para beneficiarse, en general, con más de 800 millones de pesos.
La investigación sobre estos posibles conflictos de intereses la realizó las asociaciones civiles Iniciativa Sinaloa en colaboración con Mexicanos Contra la Corrupción, y desvela que durante la última década estos funcionarios y politicos de Sinaloa –exgobernadores, senadores, diputados, líderes de partidos, candidatos, alcaldes y secretarios de estado– han logrado obtener contratos o subsidios públicos mientras se hallaban en una posición de privilegio.
Ver link original: Operación desfalco Sinaloa
“Esto les ha permitido hacer negocios con los gobiernos a través de sus empresas familiares. El monto obtenido mediante este esquema de posible conflicto de intereses y tráfico de influencias supera los 800 millones de pesos”, apunta el trabajo.
Entre los perfiles que descatan están los ex gobernadores Mario López Valdez, Jesús Aguilar Padilla y Francisco Labastida Ochoa (así como su hijo Francisco Labastida Gómez de la Torre), el senador de Morena Rubén Rocha Moya (quien quiere ser candidato a gobernador en 2021), el ex alcalde culichi Aarón Rivas Loaiza, entre otros ex diputados locales y federales.
Según lo publicado, los Labastida (Francisco padre e hijo) obtuvieron de ganancias 14 millones de pesos en los que pudieron incurrir en conflicto de interés a través de sus empresas.
Alberto Aguilar Camacho, hijo de Aguilar Padilla, recibió un monto de 5 millones 500 mil pesos en programas agrícolas cuando ex gobernador fue Subsecretario de Agricultura con Enrique Peña Nieto. La empresa Agrícola Namisa fue beneficiada con estos apoyos, por lo que se incurre en un posible conflicto de interés.
Malova en cambio ganó a través de sus ferreterias Malova 38 millones 646 pesos cuando fue gobernador, por compras que le hicieron gobiernos municipales y juntas de agua potable a su empresa ferretera.
El ex dirigente del Movimiento Ciudadano, Mario Ímaz López, ganó 7 millones 134 mil 084 pesos al facturarle al partido que representaba desde pepelería, publicidad y otros insumos, a través de sus empresas.
El ex diputado federal y ex alcalde de Salvador Alvarado, Alfonso Inzunza Montoya incurió en posible conflicto de interés por la cantidad de 277 millones 762 mil 300 pesos, ya que la constructora Morada Sa de CV recibió contratos de obra pública luego de que vendiera las acciones a sus propios hijos.
De este modo, triangulando el conflicto, el senador Rubén Rocha Moya (y quien se candidatea para la gubernatura en 2021) tiene un hijo dueño de la constructora Chocosa, la cual recibió contratos de obra pública de Gobierno cuando Rocha Moya era Jefe de Asesores de Jesús Aguilar Padilla. También cuando se sumó al gobierno de Quirino volvió a recibir otro contrato. Sobre estas acusaciones, que incluyo soltó Manuel Clouthier durante un debate de candidatos a senadores, Rocha Moya se excusó diciendo que él no había influido para que se le otorgaran los contratos a su hijo y aseguró que él era libre de buscar trabajo.
Otros políticos en la mira son el panista (actual diputado) Jorge Villalobos, el panalista Jesus Ibarra Ramos, el priista Óscar Valdez López y el ex diputado Verde, Misael Sánchez Sánchez.
Como se señaló arriba, la lista incluye a Aarón Rivas Loaiza, José Menchaca, Francisco Miguel Retamoza, Silvino Araujo y Antonio Humberto Vega Gaxiola.
Desde luego, a todos los protagonistas de esta “operación” se les buscó para que enfrentaran la documentación que se llevó a cabo, y todos sin excepción se justificaron y negaron que exista “conflicto de interés”.
(Ver enlace original de la investigación completa: https://contralacorrupcion.mx/operacion-desfalco-sinaloa/?fbclid=IwAR2JAwqITNwmmh1qaakdFtLPJatf4U1maSa7Y7MF-GBsOPS1RYKP1CkIRbU)