Culiacán, Sin.- En las calles de Sinaloa, los ojos de la delincuencia organizada no solo estaban sobre la población, sino también sobre el propio gobierno.
Postes, esquinas y puntos clave de tránsito albergaban una red de videovigilancia invisible para el transeúnte común, pero letalmente funcional para el crimen: un sistema de espionaje diseñado para anticipar cada movimiento de las fuerzas de seguridad.
La respuesta llegó entre el 31 de julio y el 6 de agosto. En un despliegue sigiloso y coordinado, elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México recorrieron distintos sectores de la entidad para cortar de tajo las arterias del rastreo criminal. Escala por escala, los efectivos federales fueron localizando e inhabilitando 23 cámaras irregulares que operaban al margen de la ley.
Para las corporaciones de seguridad, desmantelar estos dispositivos significó derribar un muro de impunidad. Esta infraestructura clandestina permitía a las células delictivas montar sistemas de alerta temprana, calculando tiempos de reacción y monitoreando los patrullajes antes de que las unidades siquiera doblaran la esquina.
El operativo concluyó con el retiro total de los aparatos, pero la guardia no se ha bajado. Las autoridades federales confirmaron que el rastreo de estos “ojos delictivos” se mantendrá de forma permanente, en un esfuerzo continuo por arrebatarle el control tecnológico al crimen organizado y devolver la soberanía a las calles sinaloenses.
Redacción/LaPared