Nueva York.- Una jueza federal ordenó suspender temporalmente el uso de recursos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para financiar una campaña publicitaria vinculada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo presupuesto asciende a 20 millones de dólares.
La jueza Jennifer Rochon emitió una orden de restricción temporal por 14 días que impide utilizar fondos del DHS para transmitir los anuncios, los cuales comenzaron a difundirse a finales de septiembre. La campaña generó controversia por incluir mensajes favorables a la gestión presidencial, referencias a recientes acciones militares y críticas dirigidas a adversarios políticos.
Demanda por presunto uso partidista de recursos públicos
La resolución judicial se produjo tras una demanda promovida por organizaciones civiles, entre ellas Common Cause, y legisladores de la oposición, quienes cuestionaron el uso de recursos destinados a la seguridad fronteriza para financiar anuncios que, según sus argumentos, podrían tener fines partidistas en el contexto electoral.
La medida cautelar impide temporalmente que el Gobierno firme, renueve o amplíe contratos relacionados con la producción y difusión televisiva de los anuncios, mientras la corte examina la legalidad de los gastos y las condiciones bajo las cuales se autorizaron.
El caso pone bajo escrutinio el uso de fondos públicos para campañas institucionales que incluyen mensajes relacionados con la figura presidencial y sus posiciones políticas.
Trump rechaza las acusaciones
Por su parte, Donald Trump rechazó los señalamientos sobre un supuesto uso electoral de recursos gubernamentales. El presidente sostuvo que los anuncios tenían como propósito promover al país y ofrecer información sobre asuntos de seguridad nacional.
También manifestó que estaría dispuesto a reembolsar personalmente el dinero si la justicia determina de manera definitiva que los recursos públicos fueron utilizados indebidamente.
La orden judicial tendrá una vigencia inicial de 14 días, periodo durante el cual continuará la revisión del caso. La suspensión es temporal y no representa, por sí misma, una resolución definitiva sobre la legalidad de la campaña publicitaria.
Redacción/LaPared