Culiacán, Sin.- El abogado Aldo Ruiz González busca regresar al Consejo del Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas bajo el argumento de aportar la supuesta “experiencia” adquirida durante sus dos años previos en el cargo. Sin embargo, su paso anterior por el organismo estuvo marcado por decisiones que afectaron a comunicadores en situación de máxima vulnerabilidad.
Durante su gestión como consejero, Ruiz González votó a favor de suspender los apoyos sociales destinados a periodistas sinaloenses desplazados de sus municipios de origen por amenazas del crimen organizado. Lejos de tratarse de gastos superficiales, dichos recursos eran fundamentales para cubrir necesidades básicas de salud, educación y manutención de los hijos de los comunicadores, quienes vieron desplomarse sus ingresos al verse obligados a abandonar sus lugares de origen para poner a salvo sus vidas.
La decisión significó retirar un respaldo económico a familias que ya enfrentaban las consecuencias de haber sido desplazadas por amenazas, dejando a periodistas y a sus hijos en una situación todavía más vulnerable.
En la misma línea de afectación presupuestal, se documenta que la actuación de Ruiz González funcionó como un respaldo constante a la gestión de la directora del organismo, Jhenny Judith Bernal Arellano. Ambos impulsaron e insistieron en la creación y contratación de personal para áreas que, de acuerdo con los señalamientos, eran presentadas como necesarias para atender las necesidades operativas del Instituto.
Sin embargo, dichas áreas son señaladas por sectores inconformes como espacios utilizados para colocar a amigos y allegados, con lo que recursos que debían destinarse a la protección de periodistas y defensores terminaron comprometidos en una nómina que, aseguran, creció con plazas innecesarias.
Ahora, ante la vacante en el Consejo, el Congreso del Estado de Sinaloa abrió el proceso de evaluación a través de su Comisión de Derechos Humanos. Entre las aspirantes que ya comparecieron se encuentra Elizabeth Ávila Carrancio, reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, así como Gabriela Aguilar Rodríguez.
El proceso, sin embargo, ha generado cuestionamientos entre sectores sociales y defensores de derechos humanos, quienes advierten que la selección podría convertirse en una simulación para favorecer perfiles vinculados con la estructura actual del Instituto y cerrar el paso a personas independientes.
En ese escenario, la postulación de Elizabeth Ávila enfrenta el riesgo de ser bloqueada pese a su trayectoria y experiencia en la defensa de los derechos humanos, mientras el camino para la reelección de Aldo Ruiz González avanza mediante un procedimiento que sectores críticos consideran acelerado y diseñado para reducir el escrutinio sobre su actuación anterior.
Mientras Ruiz González busca regresar al Consejo bajo el argumento de su experiencia, persisten los cuestionamientos sobre las decisiones que tomó durante su anterior periodo, particularmente aquellas relacionadas con los apoyos para periodistas desplazados y con el crecimiento de la estructura administrativa del organismo.
La disputa por un lugar en el Consejo ocurre así entre señalamientos de falta de transparencia, cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos y reclamos para que el Congreso privilegie perfiles con independencia y trayectoria real en la defensa de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Redacción/La Pared