La Profepa detectó chatarra contaminada, restos de hidrocarburos y materiales industriales en un predio; el sitio quedó clausurado mientras se determina la responsabilidad administrativa y las posibles sanciones.
Guasave, Sin.— Un predio de aproximadamente 10 hectáreas utilizado para la disposición ilegal de residuos fue clausurado totalmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de que una inspección detectara materiales peligrosos, chatarra contaminada y suelo impregnado de hidrocarburos.
De acuerdo con el comunicado de prensa número 612/2026, emitido este lunes por la dependencia federal, la inspección se realizó el pasado 24 de septiembre en un terreno del municipio de Guasave, donde los residuos se encontraban dispersos, acumulados y sin control.
Entre los materiales localizados había envases y recipientes metálicos y plásticos, piezas de chatarra con residuos oleosos, restos de plástico, empaques industriales y materiales de embalaje contaminados, además de suelo con impregnación visible de hidrocarburos.
La Profepa advirtió que las condiciones del lugar representan un riesgo de contaminación del suelo y, potencialmente, de otros componentes del medio ambiente.
Clausura sin responsables localizados
Durante la visita de inspección, el personal de la dependencia no localizó a ninguna persona con quien pudiera desahogar la diligencia y verificar la documentación requerida. Ante esta situación, determinó imponer la clausura total del sitio como medida de seguridad.
Con la clausura quedó prohibido continuar las actividades relacionadas con el manejo, depósito, almacenamiento o disposición de residuos en el predio.
Sin embargo, el comunicado no precisa quién es el propietario del terreno, quién operaba el tiradero ni desde cuándo se realizaban estas actividades.
Pendientes las sancionesLa dependencia federal informó que integrará el expediente administrativo para su valoración jurídica y determinará las medidas y sanciones que correspondan conforme a la legislación ambiental.
También dará seguimiento al caso y, si procede, emprenderá las acciones legales correspondientes.
Por ahora, la clausura constituye una medida para detener las actividades detectadas, pero todavía no representa una resolución definitiva sobre las responsabilidades ni las sanciones que pudieran imponerse.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la vigilancia de los sitios donde se depositan residuos en Sinaloa y la necesidad de determinar quiénes son responsables de su manejo, especialmente cuando existen indicios de contaminación ambiental.